La última vez que las Cortes Generales debatieron y votaron unos Presupuestos del Estado no fue en la prehistoria. Pero al ritmo en que transcurren los cursos políticos en España, bien lo parece. Hay que remontarse a 2022, cuando el Consejo de Ministros, el Congreso y el Senado, dieron luz verde respectivamente a las cuentas públicas del año 2023, que son las que, todavía, siguen en vigor.

Se trata de una anomalía que sintetiza a la perfección lo que está siendo la presente legislatura en España: la más infausta e improductiva que se recuerda en democracia en lo que a aprobación de iniciativas se refiere. Traspasado el ecuador desde las últimas elecciones, la norma más importante de cada mandato gubernamental, ni siquiera parece estar en el horno. Aunque Pedro Sánchez, en su balance de fin de curso en la Moncloa, prometió que para otoño, sí que sí, habrá proyecto de Presupuestos. Una idea que ha respaldado después la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda, María Jesús Montero. Lo que no han matizado ninguno de los dos es si después de dar luz verde a la ley en el Consejo de Ministros, seguirá el trámite parlamentario incluso si no cuenta con los apoyos suficientes para que salgan adelante y entre en vigor .

A la espera de ver lo que ocurre, el PP, según ha podido saber LA RAZÓN, ya tiene diseñada toda una ofensiva en el Senado, fortín que controla con su mayoría absoluta. En caso de que las cuentas públicas no aterricen cuando toca en el Congreso de los Diputados, es decir, para otoño, planteará un nuevo conflicto entre órganos constitucionales. Esta vez, sería la Cámara Alta contra el Gobierno. Según explican fuentes de la dirección del grupo, «tanto el techo de gasto» como los Presupuestos «son una obligación constitucional. El primero es imprescindible para el segundo».

En efecto, la Carta Magna, en su Artículo 134, reza primero: «Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación». Y, después: «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Con lo que el PP argumenta: «Se está hurtando un derecho a los senadores. De ahí el encaje del contencioso». Si es que, finalmente, llega a producirse. El mes señalado en el calendario es octubre porque, en condiciones normales, para entonces ya tendría que haber llegado el texto presupuestario a las dos cámaras. «Si entonces no han presentado los Presupuestos, irá el conflicto», avanza un destacado dirigente popular, en conversación con este periódico.

La primera vez que el Senado inició un conflicto entre Órganos Constitucionales fue a cuenta de la ley de amnistía a los responsables del «procés». Aunque luego decidió dejarlo en pausa. Este recurso político-judicial, que hasta hace poco estaba en desuso y ahora se ha convertido prácticamente en norma, se produce cuando un órgano del Estado considera que otro ha actuado fuera de sus competencias, invadiendo las suyas. El proceso es prolijo. En primer lugar, el órgano que se considera agraviado, plantea un requerimiento previo, que se tiene que votar en el Pleno de la Cámara. Si la respuesta del Órgano requerido es contraria, entonces pasa a una siguiente fase: en el Tribunal Constitucional, que desempata.

El único conflicto que ha prosperado, de momento, es el que planteó el Senado contra el Gobierno y el Congreso por modificar una ley en el BOE. Pero hay otros tantos en marcha. Por ejemplo, el que emprendió el Senado por la decisión de Francina Armengol de no someter a votación en el Congreso dos enmiendas del PP que la Ley de Desperdicio Alimentario llevaba incorporadas de su paso por la Cámara Alta.

En su discurso de balance de curso, Alberto Núñez Feijóo habló de un «bienio negro» de Sánchez y dijo que «al Gobierno le sobra legislatura y a España le sobra este Gobierno». Nuestro país, lamentó «padece una crisis institucional, porque tiene un presidente sin ningún límite moral». Acusación que fundamenta, entre otras cosas, por la anomalía de gobernar sin Presupuestos. A la vuelta del verano, el presidente popular tiene previsto presentar un nuevo «Plan de Calidad Institucional» que mejorará aquel documento que vio la luz en el oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, antes de las generales de 2023, y que planteaba un buen ramillete de recetas para poner coto a los «desmanes» del sanchismo. Ahora, uno de los principales puntos que el líder popular planteará regular es la falta de Presupuestos. En concreto, quiere proponer que si un gobierno es capaz de aprobar las cuentas para cada ejercicio, automáticamente se tienen que disolver las Cortes y se convocan elecciones.

En su día, fue Sánchez el autor de una frase que rezaba: «Un Gobierno sin Presupuestos es un Gobierno que no gobierna nada». Corría el año 2016, cuando era líder de la oposición y Mariano Rajoy se las veía para aprobar unas nuevas cuentas. Ahora, está dispuesto a resistir hasta 2027 con el contador a cero. Una anomalía contra la que el PP va a dar la batalla con todas sus armas. Empezando por el Senado.

Será en cuestión de semanas cuando se dirima si hay conflicto o no, porque el Gobierno presentará los Presupuestos a la vuelta del verano. Al menos, esa es la intención. Recientemente, María Jesús Montero, dijo que «rotundamente sí» habría un nuevo proyecto «que permita poner de manifiesto cuáles son las prioridades políticas que está impulsando» el Gobierno. Y añadió: «Fundamentalmente dirigidas al bienestar de la mayoría social».