El Congreso publica la amnistía, paso previo al BOE para que entre en vigor

La ley de amnistía se aprobó el 30 de mayo, pero el Gobierno y el PSOE están ralentizando los trámites para su publicación y entrada en vigor por temor a los efectos que pueda tener en campaña de las elecciones europeas de este domingo. En este sentido, la presidenta del Congreso firmó el lunes la iniciativa y no se ha publicado hasta este jueves en el Boletín Oficial de las Cortes Generales: este es el paso previo para que se publique en el Boletín Oficial del Estado y entre en vigor.

Los jueces, una vez entre en vigor la amnistía, tendrán dos meses para tomar decisiones y aplicarla. Por tanto, todo apunta a que si aparece en el BOE en torno al sábado, probablemente haya un plazo hasta principios de agosto para que los jueces vayan redactando sus resoluciones. De momento, hay muchas dudas jurídicas sobre qué puede acabar pasando porque hay cuestiones de la amnistía que pueden chocar con el Derecho europeo y es una incógnita saber qué puede acabar pasando.

La ley de amnistía entró en el Congreso 13 de noviembre y ha tenido un tiempo de tramitación de casi 200 días (199, en concreto), un recorrido parlamentario que ha estado rodeado de polémica por las maniobras del PSOE y los independentistas. De hecho, en una votación de las varias que ha habido a lo largo de todo el procedimiento parlamentario (toma en consideración, enmiendas a la totalidad, conjunto del texto...), Junts tumbó la norma y todo parecía que ahí podía morir, pero el bloque de investidura hizo una interpretación forzada del Reglamento y "resucitó" la tramitación de la norma a través de la Comisión de Justicia.

En paralelo a la aplicación de la amnistía, está por ver cómo se materializan la cascada de recursos ante el Tribunal Constitucional: previsiblemente, presentarán tanto el PP como los gobiernos autonómicos de los populares. Desde Génova, han evitado concretar aún fecha, pero desde que se publique la ley en el BOE, el partido de Alberto Núñez Feijóo tendrá un plazo máximo de tres meses. Los populares quieren contemporizar para ver qué decisiones toman los jueces y magistrados.