Política

Francia

Crecimiento, contratación y formación profesional

La Razón
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A finales de los noventa el Gobierno socialista de Jospin intentó crear empleo en Francia financiado con dinero público. El resultado fue muy modesto y coyuntural, pero la carga presupuestaria resultó notable. El empleo no se construye a base de subsidios, como piensan los euroburócratas o la izquierda española. En una economía de mercado, los puestos de trabajo los generan las empresas. Pero para que la generación de empleo sea sostenible debe seguir un proceso lógico que empieza por la inversión, la cual genera posteriormente crecimiento, empleo y consumo. La consecuencia socialmente más grave de esta crisis está siendo la terrible tasa de paro y, especialmente, el alarmante desempleo de los jóvenes. El paro juvenil está provocando tres fenómenos dramáticos: en unos casos, los jóvenes pierden la motivación así como el uso de conocimientos y habilidades aprendidas («brain waste»); en otros, deciden abandonar el país («brain drain»), lo cual dificulta el potencial de crecimiento económico por la fuga de talento; y, en otro último, deciden integrarse en la antisocial economía sumergida. Por lo tanto, cualquier gobierno responsable debe tener entre sus prioridades tratar de solventar este problema.

En políticas de empleo joven hay que trabajar en tres áreas fundamentales: crecimiento económico, normativa laboral y formación profesional. El primer capítulo recogería un rosario interminable de medidas de carácter horizontal, que van desde la reducción de los costes regulatorios a través de la unidad de mercado, hasta facilitar el acceso real a la financiación, pasando por un recorte drástico de la fiscalidad. No se sostiene que las empresas en España soporten la sexta fiscalidad laboral más alta del mundo, sumando seguridad social e impuestos. Es crítico favorecer renta disponible para inversión y consumo.

En materia de contratación es necesario establecer fórmulas más baratas, ya que, a cambio, estos jóvenes aprenderán habilidades laborales y sociales que van más allá de la formación académica. Hay que simplificar el contrato a tiempo parcial e integrar de forma definitiva a las ETT en la intermediación laboral.

En formación, hay que desarrollar a nivel empresarial un modelo de formación profesional que capacite la mano de obra cualificada, cubriendo toda la gama real de oficios requeridos en la economía. El modelo dual austriaco es un referente de eficacia.

Las políticas desarrolladas por la ministra Fátima Báñez son acertadas, aunque no suficientes. Básicamente, con sus medidas trata de favorecer que se produzca cuanto antes la primera experiencia laboral de los jóvenes, por cuenta ajena o por cuenta propia, pero sin perder de vista la necesidad de la formación. Además, existe una coherencia de este plan de choque dentro de la estrategia global puesta en marcha previamente.

Es técnicamente irreprochable que la reforma laboral de Báñez ha reducido la velocidad de destrucción de empleo porque no se ha centrado, ni en la entrada ni en la salida del empleo, sino en el durante, aportando herramientas de flexibilidad interna, previas al despido o el cierre definitivo, pero tiene que eliminar incertidumbres judiciales. Ahora falta abordar medidas que eliminen miedos a la contratación.