Pedro Sánchez afrontará una recta final de legislatura en 2026 –con las elecciones generales del año siguiente en el horizonte– con hasta cuatro posibles juicios al acecho de indudable repercusión para sus expectativas electorales. No en balde, mientras desde el Gobierno se suceden desde hace meses las críticas a los jueces que investigan al entorno del presidente del Gobierno, la radiografía de esas causas judiciales cada vez resulta menos esperanzadora para el jefe del Ejecutivo.

Los dos procedimientos más avanzados son los que sentarán en el banquillo al fiscal general del Estado por revelación de secretos y al hermano del líder del PSOE, David Sánchez, por tráfico de influencias y prevaricación. Aunque no se conoce aún la fecha en que se celebrará la vista oral, ambos encaran ya la recta final.

El que llevará ante un tribunal, por primera vez en la historia de la institución, al máximo responsable del Ministerio Público por la supuesta revelación de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso podría incluso celebrarse antes, a partir de noviembre de este mismo año.

Antes, Álvaro García Ortiz deberá presentar su escrito de defensa, después de que las acusaciones populares hayan formalizado peticiones de condena de hasta seis años de prisión y la Fiscalía pida su absolución.

Pero aunque el juicio se celebre finalmente en la recta final de 2025, lo previsible es que, según apuntan fuentes jurídicas, la sentencia no se conozca hasta 2026. Para Sánchez, que ha cerrado filas con el fiscal general del Estado, una hipotética condena al fiscal general le acarrearía un considerable impacto político.

El juicio a David Sánchez, antes de seis meses

También ya con la vista puesta en el juicio está la investigación por tráfico de influencias y prevaricación a David Sánchez después de que la Audiencia Provincial de Badajoz rechazase el pasado martes el recurso del hermano del presidente del Gobierno contra su procesamiento. Hasta el punto de que la instructora, la magistrada Beatriz Biedma, ni siquiera esperó a que la Sala se pronunciase para abrir juicio oral contra el músico por su supuesto enchufe en la Diputación de Badajoz en 2017 como personal de alta dirección, un puesto que según Biedma se creo a su medida y se fue adaptando a sus preferencias personales. Llegando incluso a modificar su denominación –pasó a ser jefe de la Oficina de Artes Escénicas– sin que mediara concurso alguno.

Una vez la instancia superior ha desbaratado los recursos de David Sánchez y del resto de procesados, entre ellos el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y el exasesor de Moncloa Luis Carrero, a quien el músico habría colocado en la Diputación pacense para ayudarle en sus proyectos operísticos, la causa afronta el final de su tramitación.

Presentados ya los escritos de acusación –la acción popular reclama tres años de prisión para el hermano de Pedro Sánchez– resta que se completen los escritos de las defensas, entre ellos los que deben aún presentar, entre otros, David Sánchez y Luis Carrero, a quien el músico se refería en sus correos como «hermanito» (y que colaboraba con sus proyectos meses antes de incorporarse a la Diputación, mientras ejercía de asesor en Presidencia).

Respecto a este procedimiento, fuentes jurídicas señalan que tras la resolución de la Audiencia de Badajoz confirmando los procesamientos «en un plazo de entre seis y ocho meses» se celebrará el juicio y habrá sentencia.

Ábalos, por la trama de mascarillas

Los otros dos posibles juicios que asoman en el horizonte de 2026 son los que –a tenor de las últimas decisiones de los respectivos instructores– también se acelerarán en las próximas fechas. Por un lado, el que llevará a juicio en el Tribunal Supremo a los protagonistas de la trama de las mascarillas que dio origen al «caso Koldo» (con el exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, quien fuera su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama a la cabeza). Y por otro, el que todo apunta que sentará en el banquillo a Begoña Gómez por malversación a cuenta de la supuesta utilización de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez para llevar a cabo gestiones de sus actividades privadas.

La investigación por el supuesto amaño en la compra de mascarillas en pandemia se precipitará en las próximas fechas después de que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente haya separado esta parte del procedimiento de las presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública con Santos Cerdán en el foco, cuya instrucción seguirá adelante.

En cuanto a Begoña Gómez, la decisión del juez Peinado de procesarle y abocarle a un juicio con jurado popular para seguir adelante con el resto de la investigación parece apuntar a un cercano cierre de la instrucción. Otro juicio más en el horizonte de 2026.