Del apoyo a la independencia a no colgar la bandera

El «Código ético» del PSC, renovado en el último congreso de 2011, asegura que «la lealtad en las decisiones políticas del partido debe ser permanente. La discrepancia se debe manifestar desde la lealtad, y el partido debe canalizarla democráticamente. Hay que saber hacer uso de las discrepancias sin perjudicar al partido y a los y las discrepantes». Esta declaración, en la práctica, visualiza un modus operandi que choca de bruces con la realidad cuando florecen las tensiones que lleva intrínsecas el debate soberanista. Si la dirección no puede controlar qué votan los 20 diputados del Parlament cuando se plantea una declaración de soberanía, más difícil aún es marcar las directrices en el mundo municipal.

- Àngel Ros fue multado junto a otros cuatro diputados por romper la disciplina de voto y abstenerse en la declaración de soberanía del Parlament. Sin embargo, el alcalde de Lleida sigue defendiendo que Cataluña sea sujeto jurídico y político y hace diez días apoyaba el mismo texto en el Ayuntamiento. El nuevo envite no tuvo consecuencias, entre otros, porque el partido ha dado libertad de acción a sus federaciones territoriales y secciones locales en las mociones sobernistas que se presenten en los ayuntamientos.

- El alcalde de Palafrugell y cabeza de lista por Girona en las últimas autonómicas, Juli Fernández, no colgó la bandera de España en el edificio consistorial hasta que llegó un requerimiento judicial. La «guerra de banderas», en denominación independentista, ha llevado al PSC a desmarcarse de la legalidad en numerosos municipios. En Vilassar de Dalt, por ejemplo, apoyaron una moción para que no ondee la enseña nacional.

- La abstención es la fórmula que suele utilizar el PSC en debates que le resultan incómodos. Se abstuvieron en Balaguer cuando el pleno votaba una moción para declararse «territorio catalán libre», o cuando aún gobernaban en Girona, primera capital de provincia que apoyó realizar una consulta independentista siguiendo el ejemplo de Arenys que se repitió por toda Cataluña.

- En el terreno de la lengua, el PSC comparte la manera de hacer del nacionalismo. El reglamento lingüístico del Ayuntamiento de Barcelona, que fija el catalán como el idioma de sus comunicaciones, fue aprobado cuando gobernaban los socialistas, aunque ahora sea un alcalde convergente quien no acate la sentencia a favor del bilingüismo. Lo mismo ocurre con la Ley de Educación.