La demanda del novio de Ayuso contra Montero llega al Supremo: le pide 40.000 euros

La demanda por lesión del honor que presentó la defensa de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, contra la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ya está en manos del Tribunal Supremo (TS), según confirman fuentes jurídicas a LA RAZÓN.

La pareja de Isabel Díaz Ayuso ha elevado esta acción legal al alto tribunal, donde está aforada la también ministra de Hacienda, después de que Montero no se presentase al acto de conciliación al que estaba emplazada el pasado 2 de octubre.

Ahora, el empresario le reclama una indemnización de 40.000 euros por las declaraciones que hizo sobre él y presuntamente contra su honor el 12 de marzo y los días 3, 23 y 24 de octubre. Le pide, además, que rectifique públicamente sus palabras.

Aquella jornada del pasado marzo, la vicepresidenta Montero aseguró durante una sesión de control al Gobierno en el Senado que la presidenta madrileña "está viviendo en un piso que pagó con fraude a la Hacienda Pública", en alusión a la investigación por fraude fiscal que mantiene abierta en su contra González Amador.

El pasado 3 de octubre, tras no presentarse la Abogacía del Estado, que se encarga de la representación legal de Montero, en el Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid en el que estaba citada su defensa con el fin de alcanzar un acuerdo con el novio de Ayuso para evitar que la demanda siguiera adelante, Montero reaccionó asegurando que "es obvio que la pareja de Díaz Ayuso se enriqueció en uno de los peores momentos que hemos atravesado en este país, como fue la pandemia".

Palabras que acompañó con la afirmación de que "es obvio que él mismo ha reconocido ante la Fiscalía y la Abogacía del Estado que cometió un delito fiscal y ha aceptado, me parece recordar, unos meses de cárcel y la imposición también de una multa en torno al medio millón de euros".

Semanas después, el día 23, la ministra socialista defendió que los gastos declarados ante la Agencia Tributaria por el empresario supuestamente con el fin de pagar menos impuestos son "absolutamente impensables y extravagantes" y señaló que para ella prueban que "sabía perfectamente que lo que estaba haciendo no es correcto".

Un día más tarde, Montero opinó que es "evidente que los hechos que vamos conociendo porque lo publican los medios de comunicación son hechos muy graves que ponen de manifiesto un modus operandi, una manera de entender la vida, los negocios y la empresa, que su pareja vive".

Para, seguidamente, volver a insistir en que González Amador "se enriqueció durante la pandemia con la venta de material sanitario, intento defraudar a la Hacienda Pública y, ahora, parece ser que hay indicios de que haya hecho otras cuestiones como corrupción en negocios".

Lo cierto es que el empresario está siendo investigado por haber presuntamente defraudado 350.000 euros a la Agencia Tributaria en dos ejercicios, los de los años 2020 y 2021, a través de la declaración del Impuesto de Sociedades. También está imputado por un delito de falsedad documental por haber supuestamente presentado facturas manipuladas para reducir el pago de impuestos que no se correspondían con los servicios que realmente habría prestado.