Detenido el empresario Juan Muñoz por su relación con el ex comisario Villarejo

Ha sido detenido hoy en Madrid a instancias de la Fiscalía Anticorrupción por un encargo al excomisario que hizo, junto a su hermano, para investigar a una persona que les debía dinero

La Policía ha detenido hoy, por orden del juez del caso Tándem, Diego de Egea, al empresario Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana, por su relación con el excomisario José Manuel Villarejo, en prisión desde el pasado noviembre.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, Muñoz ha sido detenido hoy en Madrid a instancias de la Fiscalía Anticorrupción por un encargo al excomisario que hizo, junto a su hermano, para investigar a una persona que les debía dinero.

El caso Tándem gira en torno a los trabajos que ha hecho Villarejo en las últimas décadas para clientes privados para los que obtenía información confidencial valiéndose de su condición policial y luego la vendía a cambio de millones de euros.

Precisamente hoy, el mismo juez de la Audiencia Nacional ha archivado la investigación contra cuatro directivos de un despacho de abogados que contrataron presuntamente los servicios del expolicía para hacer un informe de seguimiento de varios antiguos socios.

Esta pieza, denominada 'Iron', es una de las investigaciones abiertas contra el comisario jubilado, por lo que él y su abogado, Rafael Redondo, ambos en prisión provisional desde principios de noviembre de 2017, continúan imputados en la misma, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

Pero en un auto firmado con fecha de este lunes, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 entiende que no existen unos "mínimos indicios racionales y objetivos"de la participación en los delitos de revelación y descubrimiento de secretos y cohecho que atribuye la Fiscalía Anticorrupción a los cuatro abogados que supuestamente contrataron a Villarejo.

PÉRDIDA DE CLIENTES

De Egea explica que los investigados Francisco Carpintero, Andrés Medina y Álvaro Martínez, como socios mayoritarios del despacho Herrero y Asociados, así como la también investigada María Ángeles Moreno, como directora del departamento de marcas externas del bufete, se encontraban en graves problemas económicos ante la situación que se originó en mayo de 2012 con la marcha de profesionales y la coincidencia con la formación de otro despacho de abogados, creado por las personas que se habían ido y que se dedicaba a la misma actividad profesional, lo que supuso la pérdida de muchos de sus clientes.

En esta situación, los cuatro anteriores decidieron acudir a Villarejo y Redondo con el fin de que hicieran un informe de seguimiento del despacho Balder IP ante la sospecha de que las personas que abandonaron Herrero y Asociados se hubieran apropiado de la información que constaba en la base de datos del despacho, especialmente la relativa a los clientes, que intentaban y lograron captar, iniciándose un grave conflicto interno entre los socios.

El encargo, explica el juez, se hizo a Villarejo y a Redondo en su calidad de detectives privados y con la finalidad de realizar un estudio del seguimiento de las personas que se habían marchado del bufete a la competencia, encargo que se formalizó de forma verbal.

Según De Egea, Villarejo y su socio Redondo no les comunicaron cómo se llevaría a cabo la ejecución del proyecto, cuáles iban a ser las técnicas de investigación sobre la mercantil ni el formato en el que les sería entregado el trabajo, denominado 'Proyecto Iron'.

El magistrado también afirma que los cuatro miembros del despacho desconocían la condición de agente de Policía o funcionario público de Villarejo, así como el tipo de investigación que el Grupo Cenyt, el entramado empresarial del comisario, iba a llevar a cabo.

Así, el auto apunta además que los cuatro desconocían igualmente "el formato de los informes y la utilización de las técnicas de investigación que iban a ser utilizadas sobre la mercantil Balder IP Law". Dicha información, continúa el auto, tenía como objeto la comprobación de una posible competencia desleal, con la única finalidad de poder obtener datos para iniciar una denuncia judicial.

Ante los resultados de los informes encargados a Villarejo, dice De Egea, todos de carácter verbal y siendo siempre "meras especulaciones sin ningún tipo de elemento objetivo en donde fundar las mimas", el despacho Herrero y Asociados presentó denuncia contra la mercantil Balder IP Law, lo que dio lugar a un procedimiento en los juzgados de instrucción de Madrid.

De este modo, el auto remarca que no consta la existencia de elementos documentales ni anotaciones telemáticas ni extractos bancarios que determinen la comisión de las infracciones penales, ya que, como mantuvo el investigado Andrés Medina, director general de Herrero y asociados, los informes fueron dados por el Grupo Cenyt verbalmente, sin ningún tipo de documento acreditativo, "no constando tampoco en la prueba documental intervenida".

Respecto al delito de cohecho, afirma De Egea que de la instrucción practicada queda probado que los investigados desconocían la pertenencia de Villarejo a la Policía Nacional y pone de manifiesto que el comisario en ningún momento les comunicó su condición de funcionario, "por lo que existe una ausencia de uno de los elementos para la afirmación de la participación en la infracción penal".