Manos Limpias pide ya al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que ordene como medida cautelar la suspensión de las diligencias informativas abiertas en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la jueza de la causa de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, tal y como podido saber en primicia LA RAZÓN de solventes fuentes jurídicas.

Estas diligencias contra la magistrada, cuya existencia se conoció esta semana, nacen de la queja que presentó el pasado mayo ante el Poder Judicial la defensa de la exconsejera valenciana de Justicia e Interior, Salomé Pradas, a la que investiga.

A ella se unió, este pasado junio, la representación letrada del también investigado Emilio Argüeso, que era, cuando se produjo el desastre, secretario autonómico de Emergencias.

El sindicato de Miguel Bernad realiza esta solicitud después de haber presentado en el mes pasado una querella contra la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 Catarroja y su marido, también magistrado, en la que les acusaba de un delito de prevaricación judicial por una serie actos irregulares que habrían llevado a cabo en el marco de la instrucción.

Según ha podido saber este diario, la acción penal fue registrada en el alto tribunal valenciano con un número de diligencias previas. Pero, de momento, no hay una resolución judicial que confirme su admisión a trámite, ya que el juzgado requirió a Manos Limpias la aportación de una serie de documentación adicional.

El denunciante da este paso para hacer valer la primacía de vía jurisdiccional, la penal, frente a la administrativa que representan los pasos dados por la Acción Disciplinaria que tiene como promotor a Ricardo Conde.

En su querella, en primer lugar, el sindicato atribuía a la jueza Ruiz el haberle «restringido y obstaculizado» ilegalmente que fuesen acusación popular en el caso de la DANA. Después de que, por un lado, limitasen su ejercicio contra al ex alto cargo de la administración de Carlos Mazón, cuando le había «indicado expresamente que su intención era personarse también» contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la máxima responsable de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, apunta también como irregularidad, en este sentido, a que hace dos meses anuló su personación. La instructora alegó que existía una incompatibilidad «evidente» con que el abogado de Argüeso, José María Bueno, hubiese representado a la agrupación de funcionarios en otros procedimientos, como el del hermano del presidente del Gobierno.

Para los de Bernad supone que la magistrada, «prevaliéndose» de su posición, dictó una resolución, «de incuestionable naturaleza injusta y arbitraria», con la que se les expulsó del procedimiento, sin siquiera darles la posibilidad de «contradecir» o «matizar» esta conclusión suya.

Pese a que, además, presentaron un certificado en el que se da cuenta de que Bueno «no tiene despacho en el sindicato, ni cobra sueldo alguno» y su papel se limita únicamente al de uno más «de los abogados que colaboran».

Por tanto, defiende Manos Limpias que solo se puede considerar que «el único titular de la asesoría jurídica la ostenta su secretario general», Bernad.

Por otro lado, y en este sentido también iban las quejas que Pradas y Argüeso hicieron llegar al órgano de gobierno de los jueces, figura la presunta implicación del esposo de la instructora en la causa.

La entidad profesional de funcionarios trasladó a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV que tuvo conocimiento de que el juez Jorge Martínez Ribera «ha estado participando sin habilitación para ello» en las actuaciones procesales que únicamente le competían a su mujer.

Concretamente, según el denunciante, habría estado dentro de la sala durante los interrogatorios a las víctimas, «tomándoles declaración» él mismo, cuando su plaza está en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Valencia.

Además, «tuvo una presencia diaria en los primeros meses» del caso, cuando se llevaron a cabo las declaraciones, «entrando en la sala en cada receso y esperando fuera entre receso y receso.» Al menos dos víctimas, de las que se aportan nombre, habrían declarado ante el esposo de la jueza.