El Consejo Fiscal no ha recibido una sola denuncia por «presiones» políticas

Moix tendrá el reto en Anticorrupción de lograr una mayor coordinación en la actuación de sus fiscales

Las supuestas «presiones» a los fiscales que investigan casos de corrupción han salido a la palestras después de que el pasado miércoles se conociese que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, no iba a proponer a Manuel López Bernal para que continuara como fiscal superior de Murcia. Fue el propio López Bernal a las pocas de que se conociera esa decisión el que destapó la caja de los truenos sobre esas «presiones», y ayer, el fiscal del «caso Nóos», Pedro Horrach –que pasará a ejercer la abogacía privada una vez concluya su actuación en este procedimiento–, incidió en esa misma línea al asegurar, en declaraciones a RNE y la Cadena Ser, que «las presiones en casos de investigaciones de corrupción se suceden muy a menudo», aunque no especificó qué tipo de presiones eran.

Sobre esta cuestión, las distintas fuentes fiscales consultadas por LA RAZÓN negaron de forma tajante haber recibido «presiones políticas» en ningún caso. Un fiscal que ocupó una jefatura provincial fue tajante al respecto: «Nunca recibí, ni yo ni ninguno de mis fiscales, presiones de un político». Es más, tampoco existieron cuando era un «simple» fiscal. «En los 20 años que estuve en esa Fiscalía no recibí nunca una sola queja sobre presiones políticas en ningún caso».

Otros fiscales consultados vinieron a incidir en esa misma línea, aunque sí reconocieron que en alguna ocasión tuvieron que «aguantar» comentarios en prensa «que iban más allá de la libertad de expresión».

Sin embargo, la clave de todo esto radica en si ha llegado alguna denuncia al órgano encargado de «amparar» a los fiscales antes esas «presiones», que no es otro que el Consejo Fiscal, órgano asesor del fiscal y representativo de la carrera. Pues al respecto, fuentes próxima a ese órgano fueron tajantes: «No ha llegado ni una sola denuncia por presiones políticas y, por tanto, se desconoce si han existido, pero oficialmente no hay constancia alguna».

En cambio, algunos fiscales sí reconocieron que han llevado «contravigilancia», es decir, agentes policiales, «pero para evitar, precisamente, que los investigados en asuntos espinosos pudiesen realizar alguna acción», como la sustracción de documentos. «Pero presiones de políticos o del Ejecutivo, nunca, y, además, sería absurdo y hasta ridículo, ya bastaría con denunciarlo ante un medio de comunicación» para que saltara a la palestra.

En cuanto a la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, se encontrará una vez aterrice en su nuevo destino con una situación no muy fácil, toda vez gran parte de la plantilla, incluida la teniente fiscal, aspiraba a la jefatura, y, además, dentro de la misma tampoco existe «mucha unidad», según las fuentes consultadas.

Por ello, Moix deberá afrontar tres retos principales una vez tome posesión de su nuevo cargo: lograr una mayor coordinación entre todos los fiscales, impulsar una actuación uniforme de los mismos y también auspiciar una mayor coordinación con otras fiscalías, especialmente con la de la Audiencia Nacional, donde Anticorrupción está presente en no pocos asuntos relevantes. La próxima semana se pondrá manos a la obra.

La Fiscal más votada se quedó sin plaza

Ángeles Garrido, fiscal del Tribunal Supremo, presentó su candidatura para dos plazas que debían renovarse en el último Consejo Fiscal: Jefatura de Medio Ambiente y Urbanismo y Fiscal de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Para la primera de ellas, obtuvo un amplio respaldo del Consejo, al lograr ocho votos a favor –los seis de la Asociación de Fiscales y los dos consejeros natos, el teniente fiscal del Supremo y el Jefe de la Inspección– frente a los tres de Antonio Vercher, quien aspiraba a la reelección. Pese a ese criterio, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, decidió proponer la renovación de Vercher, perteneciente a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), cuyo tres vocales fueron los únicos que le respaldaron.

Para la plaza de fiscal de la Sala Penal del Supremo sucedió algo parecido, aunque en esta ocasión la mayoría no fue tan amplia. Ángeles Garrido logró seis votos, frente a los cinco de Juan Ignacio Campos, también de la UPF. En este caso, Maza optó también por renovar a Campos. De esta forma, la más votada para dos plazas se quedó sin ninguna, en favor de dos fiscales jefes de la UPF.