El Gobierno confía en que el fallo afecte sólo a la etarra Inés del Río

El Gobierno ha vendido hasta el último momento un mensaje de «tranquilidad» y «firmeza» ante el fallo sobre la «doctrina Parot» que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) comunicará esta mañana. Ésta es la posición que ha defendido hasta este mismo fin de semana, a horas de que se conozca la decisión del TEDH sobre la doctrina fijada por el Tribunal Supremo, y avalada por el Tribunal Constitucional. En ella se establece la aplicación de los beneficios penitenciarios sobre cada una de las condenas impuestas al delincuente en cuestión y no sobre el máximo de cumplimiento (30 o 40 años, según el caso). Aunque ha afectado a etarras, retrasando así la excarcelación de todos los condenados por el Código Penal de 1973, que salían a la calle tras cumplir solo 20 años de condena pese a cargar a sus espaldas con múltiples asesinatos, esta doctrina también afecta en la actualidad a asesinos múltiples y a todos los condenados por los más graves delitos previstos en el Código Penal.

El Gobierno está confiado en que la sentencia diga que se aplica sólo al caso concreto del recurso y no a todos los semejantes que pudiesen existir. Es decir, que afecte sólo a la etarra Inés del Río. En julio de 2012, la Corte europea dictaminó que España había vulnerado la Convención Europea de Derechos Humanos, que en su artículo 7 establece que nadie puede recibir una pena más elevada que la que era aplicable al delito en el momento de su comisión. Hoy se resuelve el recurso presentado por el Gobierno español contra una decisión que supone dejar inmediatamente en libertad a quien fue miembro de unos de los comandos más sanguinarios de ETA, el «comando Madrid», responsable, entre otros atentados, de la masacre de guardias civiles en la Plaza de la República Dominicana. Un año después fue detenida la etarra Del Río.

La clave está en cuál sea el alcance de la sentencia. Si en ésta se cuestiona expresamente la retroactividad en todos los casos de la aplicación de esta doctrina o si, por el contrario, se limita sólo a la terrorista objeto del recurso. Una vez falle el TEDH, al Gobierno español no le queda ningún recurso a su alcance porque las resoluciones de Estrasburgo forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Por eso se aferra al argumento de que todo depende de cómo diga la sentencia que tiene que ser aplicada, y en el Gobierno confían en que sea con carácter restrictivo. En cualquier caso, los servicios jurídicos la estudiarán al detalle a fin de limitar al mínimo su repercusión. Esto no quiere decir que se vayan a declarar «en rebeldía», según precisan fuentes del Gobierno. Al contrario, lo que dictamine el TEDH será aplicado conforme a derecho, pero «bajo el legítimo ejercicio de hacerlo sin perder de vista la consideración de que nuestros más altos tribunales, el TS y el TC, avalaron esta doctrina».

Sobre la posible indemnización reclamada ya en su día por el TEDH para la etarra Del Río, la posición del Gobierno sigue siendo la misma: se descontará, de ser confirmada, de las indemnizaciones que la terrorista debe en concepto de responsabilidad civil a las familias de todas sus víctimas. Esta misma semana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, incidió en la defensa de la «doctrina Parot». «El fallo será definitivo, pero tenemos que confiar en que Estrasburgo no permita la salida de la cárcel de presos condenados por los más graves delitos. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance, dentro de la ley, para impedir que así sea», sostienen en Moncloa. «La "doctrina Parot"responde al sentido común, es justa y útil», defendía esta misma semana Rajoy.