El Gobierno solicita al TC la suspensión de la declaración soberanista

El Consejo de Ministros aprobó ayer impugnar la declaración soberanista bendecida por el Parlamento de Cataluña el pasado 23 de enero. Esta decisión, una vez se formalice ante el Tribunal Constitucional (TC), provocará la suspensión inmediata de la resolución o disposición recurrida, según establece la Ley Fundamental.

El Consejo de Ministros aprobó ayer impugnar la declaración soberanista bendecida por el Parlamento de Cataluña el pasado 23 de enero. Esta decisión, una vez se formalice ante el Tribunal Constitucional (TC), provocará la suspensión inmediata de la resolución o disposición recurrida, según establece la Ley Fundamental. El Gobierno da este paso con el aval de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado, que el jueves por la tarde aprobó su informe. O lo que es lo mismo, blindado jurídicamente frente a la dura contrarréplica que ayer mismo por la mañana ya puso en marcha el presidente de la Generalitat, Artur Mas. El artículo 161.2 de la Constitución establece que el Ejecutivo puede impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. «La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses».

Si en Cataluña la respuesta inmediata fue ir al choque directo con Madrid, esgrimiendo que no acatarán la suspensión de la declaración, el Gobierno, por el contrario, cumplió con su obligación de «cumplir y hacer cumplir las leyes», echando agua a ese fuego que desde Cataluña ya estaban empezando a avivar. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, envolvió la presentación del acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros con una invitación al diálogo con Barcelona sobre todas las cuestiones pendientes, siempre que estén «a disposición de las partes», y esto incluye reiterar la disposición también del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a reunirse con Mas.

¿Y por qué no se ha celebrado ya ese encuentro? Pues desde Moncloa explican formalmente que es una cuestión que está en manos de los gabinetes de las dos partes, sin entrar en más detalles. De fondo, lo que realmente hay es una reflexionada estrategia dirigida a evitar que Mas se presente en el despacho de Rajoy con su declaración soberanista en la mano para forzar un «no» del presidente con el que regresar a Cataluña de nuevo bajo la bandera del victimismo nacionalista. Ahora el dirigente de CiU puede traer esa declaración a Madrid, pero será papel mojado en tanto que jurídicamente habrá un pronunciamiento del Alto Tribunal decretando su suspensión. Y ratificando, de este modo, el argumento del Gobierno central de que lo que plantea Mas excede su ámbito competencial y el ámbito competencial del Ejecutivo del PP. El Gobierno insiste en que el objeto de esa resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña supera las materias que pueden entrar dentro de la negociación con la Generalitat, en tanto afecta a la soberanía nacional, como así lo reconocen en sus informes la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado. También se dirige a Cataluña con el mensaje de que su decisión de ir al TC no va contra el pueblo catalán, como sostiene la élite nacionalista, sino que es la ejecución de su obligación de velar por el respeto a la Carta Magna y de las leyes vigentes.

Además, pide para su impugnación el mismo respeto con el que él responde a las decisiones autonómicas de impugnar también resoluciones del Gobierno central. «Esperamos que del mismo modo que el Gobierno de España respeta los recursos de las autonomías, Cataluña entienda que tenemos que seguir el mismo procedimiento. Son las reglas del juego», argumentó la vicepresidenta. Los informes jurídicos de los que dispone el Ejecutivo coinciden en sostener que la declaración soberanista vulnera, entre otros preceptos, la indisoluble unidad de la nación española; el principio de que la soberanía nacional reside en el pueblo español, y el de que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución.

Desde la mesa en la que todos los viernes comparece para informar de los acuerdos del Consejo de Ministros, la vicepresidenta solemnizó el gesto de mano tendida hacia la Generalitat para buscar acuerdos sobre sus problemas financieros, sobre infraestructuras o cualquier otra reclamación pendiente, ajustada a la Ley. Y también tendió la mano al PSOE para mantener una posición conjunta ante el desafío a la cohesión nacional que representa el Gobierno de CiU y ERC. De lo que no quiso hablar fue de la crisis de Ferraz con el PSC con el mismo argumento que utiliza para no pronunciarse sobre el ex tesorero del PP Luis Bárcenas. «Desde la mesa del Consejo de Ministros no hablo de los partidos, de ninguno. Permítanme que siga en esa línea».