El interventor ratificará ante Alaya que Griñán «engordó» los ERE

Anuncia su marcha José Antonio Griñán y llega el momento de que hable ante los tribunales el ex interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, Manuel Gómez. Una declaración que parece que será decisiva para comprometer a Griñán, ya que el funcionario va a ratificar ante la jueza Mercedes Alaya todo lo que ha venido declarando en relación a este caso, según ha sabido LA RAZÓN. Ello confirmaría, entre otras cosas, que quien fuera consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009 engordó «sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE».

Gómez ha defendido una y otra vez que advirtió hasta en 15 ocasiones de la utilización inadecuada de las transferencias de financiación. Ya en su intervención en agosto de 2012 ante la comisión de investigación constituida en el Parlamento de Andalucía sobre las irregularidades detectadas en los ERE, el ex interventor aseguró que las consejerías de Empleo, Innovación o Hacienda debieron actuar cuando la Intervención General le remitió el informe en el que este órgano detectó «graves deficiencias» en el procedimiento de gestión de las ayudas. En este sentido, subrayó que esta Administración, por «sentido común», debió «tomar medidas» al respecto porque, según ejemplificó de una forma muy gráfica, «sería como si el vecino te avisa de que al extractor de tu cocina le salen llamas» y, en lugar de llamar a los bomberos, «esperas a que el vecino te lo confirme por correo electrónico».

Es una andanada dirigida, entre otros, al responsable del área económica en el Ejecutivo andaluz en ese momento, un Griñán en entredicho por las modificaciones presupuestarias de la partida 31.L. A través de estas alteraciones, el «fondo de reptiles» se incrementó en más de 120 millones en la década investigada. Numerosas modificaciones fueron firmadas por el entonces consejero de Economía, que las elevó al Consejo de Gobierno. De ahí que el ex interventor le acusara de «cebar sin descanso la corrupta partida».

Pero no sólo eso. Los avisos de Gómez llegaron además en tres escritos remitidos al Parlamento andaluz, hasta culminar con una carta de contenido explosivo: «Ninguno de los destinatarios de las auditorías –entre ellos el propio Griñán– hizo absolutamente nada durante casi 10 años para corregir las irregularidades, cuando podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas».

El ex interventor, citado hoy como imputado, va a hablar, según ha confirmado este periódico, pues no tiene intención de acogerse a su derecho a no declarar, como han hecho algunos de los 93 imputados en la causa. Y va a ratificar todo lo expresado en la comisión de investigación de los ERE, ante la Guardia Civil, y en los tres escritos remitidos a la Cámara andaluza. Lo que diga ante la jueza puede volver a zarandear el «caso de los ERE» y, especialmente, al todavía presidente andaluz, al filo de la navaja desde que Alaya imputara a la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez por su gestión al frente de la Consejería de Economía (1994 y 2004). Álvarez le dio el testigo a Griñán en este departamento y los motivos de imputación son extrapolables a quien hoy está al mando de la Junta.

El testimonio de Manuel Gómez es uno de los más valiosos en relación a la posible responsabilidad de Griñán. Sus 15 informes advirtieron del «empleo inadecuado del expediente de gasto de transferencias de financiación», de la «tramitación de subvenciones vulnerando las normas de ejecución de gasto público», de la «concesión de subvenciones prescindiendo del procedimiento legalmente establecido», o de la «generación de obligaciones sin cobertura presupuestaria y vulneración de la ley de Hacienda Pública».

El presidente andaluz se ha defendido con dos argumentos principales de escaso peso. El primero, que los informes no le llegaron porque fueron remitidos a su entonces viceconsejera –Carmen Martínez Aguayo, actualmente consejera de Hacienda–, que no se los trasladó al no considerarlos importantes. El segundo, que los informes no iban destinados a que actuara, sino sólo para su conocimiento. Quien tenía que actuar era la Consejería de Empleo. En el tono figurado que ha rodeado a los argumentos sobre los avisos de la Intervención, dijo Griñán en la comisión de investigación: «No puedo forzar la puerta de un coche para ver si le funciona el líquido de frenos». No obstante, el ex interventor ha aportado numerosos argumentos para señalar que no era necesario un informe de actuación para que la Junta rectificara la fórmula de la transferencia de financiación, que estaba generando numerosas irregularidades. Esto lo viene sosteniendo Gómez desde que acudió por primera vez al Parlamento en agosto de 2012: «En ningún caso es admisible considerar que los destinatarios de las auditorías no deban sentirse concernidos ni obligados a solventar las deficiencias que reflejen, mientras la Intervención General no detecte un supuesto de fraude o no emita tal o cual informe».

La declaración de Gómez ante Alaya, al igual que la de otros imputados, se producirá en una de las salas de vistas de los juzgados, aunque no descartan tener que solicitar una sala de la Audiencia provincial en caso de que acudan a la convocatoria muchos del centenar de abogados personados en la causa, entre defensores y acusadores particulares, informa Efe.