El juez rebaja a medio millón la fianza para eludir la cárcel a De Cabo por el caso Marsans

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha rebajado de tres a medio millón de euros la fianza impuesta al empresario Angel de Cabo para eludir su ingreso en prisión, donde se encuentra desde el 5 de diciembre de 2012 por su intervención en el vaciamiento patrimonial de Viajes Marsans para eludir el pago a sus acreedores, han informado fuentes jurídicas.

El empresario ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 una relación de bienes que sus abogados valoran en 800.000 euros. Las propiedades aportadas serán revisadas por un perito independiente que realizará una tasación y, si superan el medio millón fijado por el magistrado, De Cabo podría abandonar la cárcel, han confirmado las mismas fuentes.

Velasco también ha rebajado a medio millón la fianza impuesta a otro de los procesados en la operación 'Crucero', su número dos, Iván Losada. En ambos casos el juez ha tenido en cuenta la colaboración prestada en el impulso de la investigación.

No obstante, el magistrado no ha aceptado la petición formulada por el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán para que se redujera también su fianza, actualmente fijada en 5 millones de euros. En este caso Velasco no aprecia la misma actitud de cooperación con la Justicia.

El juez dictó el pasado día 29 la apertura de juicio oral contra Díaz Ferrán, De Cabo y otras nueve personas por el vaciamiento patrimonial del grupo y fijó una fianza solidaria en concepto de responsabilidad civil de 1.167.300.000 euros.

PETICIÓN FISCAL

La Fiscalía pide 15 años de prisión para el expresidente de la CEOE y 8 años para el liquidador de empresas De Cabo, que se encargó de la operación de vaciamiento. Solicita, además, 8 años y nueve meses para el hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz de Santamaría. Por su parte Iván Losada se enfrenta a una petición fiscal de 4 años y tres meses.

Las 13 acusaciones particulares personadas en la causa solicitan penas para Díaz Ferrán y De Cabo que van desde los tres años de cárcel que solicita Aerolíneas Argentinas hasta los 31 años y tres meses que piden la administración concursal del exlíder de la patronal y la administración concursal yacente de su antiguo socio fallecido, Gonzalo Pascual.