El juicio del «procés» empezaría a mediados de diciembre

El Supremo confía en que la recusación a Marchena se resuelva sin afectar a los tiempos previstos.

A finales de esta semana vence el plazo de diez días que otorgó la Sala Penal del Tribunal Supremo a los 18 encausados del «procés» que se sentarán en el banquillo de los acusados por su presunta relación con todo lo sucedido a raíz de la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña (DUI) que culminó con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre del pasado año. En un principio, ésta es la última fase para dejar ya todo previsto para el inicio de la sesiones del juicio oral, que comenzará, en todo caso, con la presentación de las cuestiones previas que presentarán las defensas, entre otras, la de volver a cuestionar que el Supremo no es el órgano competente para juzgar estos hechos.

Sin embargo, todo va a estar pendiente de la petición que realizaron hace unos días las defensas para que se ampliase el plazo en 90 días para presentar los escritos de conclusiones, dada la complejidad de la causa; o si la Sala entiende que es excesivo ese plazo se les conceda al menos un mes de plazo más. En función de lo que esta misma semana decida el tribunal que debe juzgar este procedimiento, con Manuel Marchena como presidente y ponente de la resolución, el juicio mantendría sus previsiones iniciales, o, por el contrario, se retrasaría notablemente. Si la Sala rechazara esa pretensión, el juicio podría comenzar la tercera semana de diciembre, aunque lo haría no con las declaraciones de los acusados, sino con la presentación de las cuestiones previas. Posteriormente, se suspendería la vista y se reanudaría ya en enero, después del período navideño, en un principio, la tercera semana de enero.

En relación con las cuestiones previas, las defensas solicitarán al Tribunal Supremo, tal como ya hicieron la semana pasada Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, «por haberse realizado la totalidad de los elementos típicos de los delitos que las acusaciones atribuyen a los procesados íntegramente en territorio catalán». La asunción del caso por el Supremo, además, ocasiona una grave fragmentación del objeto del procedimiento existiendo numerosas causas distintas con un mismo objeto procesal, «con el evidente riesgo –que ya se ha materializado en pronunciamientos concretos– de resoluciones abiertamente contradictorias», según sostienen. Por ello, piden que, en todo caso, el cómputo del plazo para presentar sus escritos no comience hasta la resolución de esta cuestión. Sin embargo, lo previsible es que esta petición se aborde al inicio de la vista oral y se presente como cuestión previa.

Si finalmente se rechaza ampliar el plazo solicitado por las defensas, los nueve procesados que se encuentran presos –Oriol Junqueras, Rull, Turull, Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Carme Forcadell y Dolors Bassa– serían traslados a prisiones de Madrid la segunda semana de diciembre, unos días antes del inicio de la vista oral, ya que pese a que en un principio se aborden las cuestiones previas es preceptivo que estén presentes en el acto. Si después de ese trámite se suspende la vista hasta mediados del próximo mes de enero, serían nuevamente trasladados a las cárceles catalanes donde actualmente están en prisión provisional y pasarían allí sus segundas Navidades privados de libertad.

La petición más alta que realiza la Fiscalía es para Oriol Junqueras, para quien reclama 25 años de cárcel, al atribuirle ser el jefe principal o promotor de la rebelión. Su actuación tuvo como principal objetivo «orillar la aplicación» de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de la legislación vigente para alcanzar una independencia «que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden judicial». Para Sánchez, Cuixart y Forcadell reclama 17 años de prisión, y uno menos para el resto de los encarcelados por esta causa.