Casado lleva al programa la aplicación inmediata del 155

El PP abre la vía a dejar sin fondos al PDeCAT y ERC y asume por escrito un 155 inmediato sin límite de tiempo «para deponer al Gobierno catalán». Tras un intenso debate interno apuesta por el camino de la «máxima contundencia».

El PP juega fuerte en su programa electoral en relación a Cataluña. Las contundentes declaraciones de Pablo Casado, que podían haberse quedado en un pulso dialéctico en su competición con Ciudadanos (Cs) y con Vox por el voto del centro-derecha, adquieren en su mayoría valor de compromisos expresos, sin matices, que aparecen recogidos en el programa con el que los populares se presentan a las elecciones del 28 de abril.

LA RAZÓN ha tenido acceso a las propuestas que aparecen blanco sobre negro en el documento que están terminando de perfilar en la dirección popular. Y aunque ha habido debate previo sobre el alcance y la manera de expresarlo, finalmente aparece como uno de los puntos clave «la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, sin límite de tiempo, para deponer al Gobierno, nombrar uno nuevo, y recuperar el control de la Educación, la seguridad, la Hacienda, los medios públicos y las cárceles». En el PP han discutido sobre la conveniencia de ir tan lejos y precisar tanto en el programa electoral la alianza con una nueva intervención «dura» de la Generalitat sin saber cuáles serán las circunstancias políticas en Cataluña en el momento en el que se forme un nuevo Gobierno de la Nación después del proceso electoral de abril y de mayo. Y en este proceso de reflexión interna han valorado que hay vías paralelas para actuar y recuperar competencias mediante reformas de la ley de Educación, de Seguridad Ciudadana o en la legislación que regula las Fuerzas de Seguridad del Estado y la coordinación con los cuerpos autonómicos, por ejemplo. Pero, finalmente, la dirección popular ha optado por el camino «de la máxima contundencia» en su oferta electoral. Justificando esta decisión en que tal y como anunció Pablo Casado en la Convención Nacional de enero «el mayor desafío que debemos hacer frente es la propia continuidad de España como una Nación unida». Y no pueden repetirse los «errores del pasado». Sin duda, es también una estrategia para marcar territorio frente a Cs y Vox, más que en Cataluña en clave nacional.

Así, el programa recoge la mayoría de las propuestas que el Grupo Popular promovió en el Congreso desde la moción de censura que tumbó a Mariano Rajoy, y que fueron rechazadas en su totalidad por la Cámara al no contar con más apoyos que los del PP y en algunos casos los votos de Cs. Casado y Rivera llevan meses tomándose el pulso en el Parlamento para ver quién coge la delantera a la hora de defender determinadas propuestas «por España».

Ahora el PP lleva a su programa la reforma del Código Penal para volver a penalizar la convocatoria de un referéndum ilegal, que castigó con penas de cárcel el Gobierno de José María Aznar y despenalizó el de José Luis Rodríguez Zapatero, con el aval de la mayoría de los grupos salvo el voto en contra del PP.

También asume el compromiso de reformar la Ley del Indulto para prohibirlos en delitos de rebelión y sedición. Dice que impulsará una Ley de Símbolos, para garantizar la neutralidad del personal y del espacio público. Y dentro de este capítulo que afecta a la unidad de España y a Cataluña destaca que el PP hace suya la propuesta de aplicar la Ley de Partidos para «ilegalizar a los que promuevan la violencia», y la de financiación de partidos «para que no reciban fondos los que atenten contra España». Esto supone abrir la vía a cortar la financiación del PDeCAT y de ERC en el caso de que actúen para desarrollar la República catalana o para convocar un referéndum.

Asimismo, el nuevo PP detalla en su programa una Ley de Lengua, con la que quiere sacudirse la desafección que entre su votante más conservador generó la gestión por parte del Gobierno de Rajoy del «golpe» secesionista de 2017 y el perfil bajo del 155 que pactaron con PSOE y Cs. El Ejecutivo de Rajoy renunció incluso a incluir en las matriculaciones del nuevo curso escolar una casilla de castellano porque se escudó en que ni siquiera con la Generalitat intervenida era posible hacerlo ya que era una competencia del Parlamento catalán. Frente a esto, el programa popular anuncia ahora que su Ley de Lengua garantiza que el castellano sea lengua vehicular de la enseñanza junto con las lenguas cooficiales, que no se discrimine en el acceso a la función pública, que no se multe por hablar o escribir en castellano, y que se blinde el derecho a recibir las comunicaciones oficiales en castellano.

Además de una nueva Ley de Armonización para la unidad de mercado. Justo una de la banderas de las que presumió el Gobierno de Rajoy, pero en la que el nuevo PP parece que ha encontrado agujeros a corregir.

En la arena política, el PP intentó ya ayer coger aire al paso de la polémica abierta por el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, sobre la posible negociación de un referéndum de autodeterminación. «Mal que le pese, Sánchez no va a borrar los rastros de su negociación y sus hipotecas con los independentistas», afirman. La estrategia de campaña del PP pretende girar sobre dos ejes: Cataluña y la economía.