El PP, con LA RAZÓN en la mano: «¿Esto es ético, moral o debe dimitir?»

El PSOE presentó ayer en el Congreso de los Diputados una moción por la que, a destacar entre seis puntos, pide endurecer la normativa respecto al régimen de incompatibilidades de los parlamentarios, instar al Gobierno a impulsar una regulación «transparente» del régimen de prevención de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos –a colación de una reciente publicación de que, supuestamente, una empresa de Aguirre destinó 200.000 euros en 2011 al ex bufete de Montoro– así como pedir el «cese inmediato» del embajador de España en Reino Unido, Federico Trillo, tras conocerse que mientras fue diputado del PP trabajó para una constructora especializada en obra pública. Este régimen de incompatibilidades está recogido en el código ético del PSOE. Pero lo que en un principio iba a ser el arma del PSOE, en voz de Soraya Rodríguez, para quitarle votos al PP en las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo tuvo un efecto bumerán para el grupo socialista ayer en la Cámara Baja. Según avanzó LA RAZÓN, el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, pidió 62.500 euros, y el eurodiputado José Blanco, 100.000, en mayo de 2014 a cambio de asesorar al Partido Revolucionario Democrático en Panamá y a su candidato Juan Carlos Navarro, que se presentaba a las elecciones generales. Y fue lo que el portavoz del PP en la Cámara Baja, Rafael Merino, le echó en cara a Rodríguez, con la portada de este diario en la mano. «¿Esto es legal? ¿Esto es ético? Me pregunto si debe dimitir usted».

Además de la información publicada por este periódico, Merino sacó a la luz un cuadro de las actividades de miembros del grupo socialista hasta diciembre de 2014, en el que los parlamentarios compaginaron su labor profesional en el Congreso siendo socios de empresas de energía solar, abogados o trabajando en consultorías: una relación de 35 diputados de los 110, lo que supone un 32%.

Merino buscó desprestigiar los puntos de la moción, como el hecho de que el PSOE solicite atribuir a la Comisión del Estatuto de los Diputados «la capacidad para investigar el incumplimiento de los términos de la autorización concedida por la Cámara para el ejercicio de actividades compatibles». Según Merino, esta petición se aprobó en el Congreso en febrero de 1990. Y, por último, en el punto seis, en el que se insta a cesar a Trillo de su cargo, Merino afirmó que no estaba incurriendo en ninguna ilegalidad, ya que pidió la compatibilidad en una actuación previa a 2014.

Finalmente, la moción presentada por el PSOE quedó suspendida ayer en el Congreso con 162 votaciones en contra, 120 a favor y 15 abstenciones de los grupos políticos.