El PP corrige a Catalá: la libertad de información es «sagrada»

El Gobierno y el PP marcaron ayer distancias con la posibilidad de multar a los medios que publiquen filtraciones de sumarios judiciales. El vicesecretario de Organización del partido y director de la campaña, Carlos Floriano, intentó aplacar la «tormenta» a raíz de unas declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ayer volvió a matizar. Floriano hizo una defensa acérrima de la libertad de información y de la libertad de prensa. «Son sagradas, y ésta es una opinión general en el PP y en el Gobierno de Rajoy», sentenció.

El dirigente popular recordó que el ministro ha aclarado su reflexión al respecto. Y subrayó que el Gobierno no tiene en su mesa de trabajo ninguna propuesta que plantee sancionar a los medios de comunicación. El ministro estaba aludiendo a un debate que está teniendo lugar en el Parlamento Europeo, indicó Floriano. «Ya ha aclarado suficientemente esa cuestión», insistió.

Sin embargo, la candidata a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, cambió el paso de este discurso oficial y se mostró partidaria de «abrir debates» como el planteado por el ministro de Justicia. En lugar de centrar el «tiro» en la defensa de la libertad de expresión, ella prefirió colocar el acento en la «indefensión» que se crea con las filtraciones de procesos que están bajo secreto de sumario. «No entiendo por qué la gente tiene tanto miedo a abrir debates. Yo estoy a favor de poner remedio a la indefensión cuando se filtra algo que está bajo secreto de sumario y se publica en la Prensa», argumentó. Por contra, la candidata a la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, rechazó tajantemente multar a los medios. «Ese debate está fuera de cuestión. Los medios tienen obligación de informar cada vez que hay una noticia», precisó. En defensa del ministro, dijo que sólo estaba abriendo un debate que él no comparte en absoluto.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendió que la discusión sobre las filtraciones de información judicial es lícita y está abierta en los ciudadanos, en los medios de comunicación y en los responsables institucionales. Pero, a su juicio, conviene ir a la raíz del problema que no está en quienes difunden los datos, sino en quienes los filtran. «La Administración de Justicia tendría que hacer las reflexiones normales de un Estado democrático. Cuando alguien incumple la ley, hay que saber quién lo hace», concluyó.

Feijóo resaltó que el propio ministro ya ha zanjado este debate y que lo único que quería era llamar la atención sobre las filtraciones judiciales. La oposición cargó en bloque contra la «reflexión» del ministro. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, advirtió de que sancionar a los medios por publicar filtraciones es «volver al siglo pasado». «No se puede matar al mensajero», sentenció.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de la Prensa (FAPE) reiteró su «rotundo rechazo» y comparó la propuesta con la ocultación de datos «propios de etapas dictatoriales».