Política

Ministerio de Justicia

El presidente del TC acepta la dimisión «irrevocable» de Enrique López

Fotografía de archivo, del 14/11/2013 del juez del Tribunal Constitucional Enrique López
Fotografía de archivo, del 14/11/2013 del juez del Tribunal Constitucional Enrique Lópezlarazon

Enrique López ha presentado esta mañana su dimisión como magistrado del Tribunal Constitucional (TC) tras ser imputado por un posible delito contra la seguridad vial, han informado fuentes del alto tribunal.

El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ha aceptado la dimisión «irrevocable» del magistrado de este órgano Enrique López, han informado fuentes de este órgano.

La decisión de López, que adelantó ayer por la tarde, se produce después de que a primera hora de la mañana diera positivo en un control de alcoholemia al que la Policía le sometió tras ser interceptado por ir circulando con su moto sin casco por el centro de Madrid.

De los Cobos ha agradecido la "sensibilidad institucional"demostrada por el magistrado al tomar esta decisión, así como los servicios prestados durante el tiempo en el que López ha desempeñado el cargo, desde junio del pasado año.

López fue interceptado el domingo por la mañana en Madrid cuando conducía su moto sin casco, saltarse un semáforo en rojo y cuadruplicar la tasa de alcoholemia permitida

Los hechos se produjeron alrededor de las siete y media de la mañana en el madrileño Paseo de la Castellana, en el cruce con la calle Vitrubio, cuando agentes de la Policía Nacional dieron el alto al magistrado del Constitucional al percatarse de que se había saltado un semáforo en rojo y que circulaba en moto sin el obligatorio casco con «síntomas de hallarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas», según consta en el atestado policial, informa Efe. A continuación, avisaron a la Policía Municipal, que acudió al lugar para someter al magistrado a una prueba de alcoholemia.

López cuadruplicó la tasa permitida, del 0,25, al reflejar el test una tasa de alcoholemia de 1,12 miligramos por litro de aire espirado. Veinte minutos después, la misma prueba redujo la tasa a 0,98. Los agentes comunicaron en ese momento al juez que se le iba a imputar por la comisión de un posible delito contra la seguridad vial, aunque no fue detenido. Y es que cuando se supera una tasa de 0,60 de alcohol los propios agentes están facultados para decidir in situ, en función de las circunstancias del caso, si el infractor es o no detenido. La motocicleta del juez sí fue precintada.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) contempla en su artículo 23 entre las causas de cese de sus magistrados una condena dolosa o por imprudencia grave, algo que en su caso no se ha producido, pero López ha decidido dimitir para no exponer al Alto Tribunal al desgaste que originaría un procedimiento abierto contra uno de sus miembros, informaron fuentes próximas al magistrado del TC. Por su condición de aforado, el asunto se derivará al Tribunal Supremo y no se llevará en los juzgados de instrucción ordinarios.

El artículo 372 del Código Penal contempla una pena de tres a seis meses de prisión, que puede ser sustituida por multa o trabajos comunitarios y retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años a quien «condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro». Este delito en ningún caso lleva aparejadas penas de inhabilitación.

Fuentes del Tribunal Constitucional declinaron hacer comentarios sobre lo sucedido, al reducirlo a la consideración de un «asunto privado». Según esas mismas fuentes, el presidente del TC, Pérez de los Cobos, aceptará hoy la renuncia de López como magistrado del Constitucional un año después de haber sido designado para el cargo después de seis de sucesivos vetos del PSOE a su elección.

El portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, considera «adecuada» la renuncia de López, pues en su opinión «si un magistrado del Tribunal Constitucional participa en un delito, aunque sea contra la seguridad vial, lo adecuado es presentar su renuncia».

En esa misma línea, Joaquim Bosch, portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia, dijo que «se trata de una decisión necesaria, forzada por la naturaleza del cargo y por las previsiones legales».