El Supremo pide a la UDEF que investigue a Zarrías y Moreno por los ERE

El juez instructor ordena a la Guardia Civil abrir una investigación sobre los aforados Mar Moreno y Gaspar Zarrías para que investigue los actos que adoptaron como consejeros de Presidencia de la Junta por si pudieran estar relacionados con los hechos objeto de la investigación.

El Tribunal Supremo ha comenzado a investigar a fondo la presunta participación de ex altos cargos de la Junta de Andalucía en el «fraude de los ERE» y, en concreto, a los ex consejeros de Presidencia Gaspar Zarrías, considerado «hombre fuerte» de Manuel Chaves, y María del Mar Moreno, quien ocupó ese mismo puesto con José Antonio Griñán al frente del Ejecutivo andaluz y fue la antecesora de Susana Díaz en esa consejería. Para ello, el instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo, en la que también están implicados los citados ex presidentes y el ex consejero José Antonio Vieira, Alberto Jorge Barreiro, ha ordenado al grupo de delincuencia económica de la Guardia Civil (UDEF) que investigue los actos que adoptaron Mar Moreno y Gaspar Zarrías como consejeros de Presidencia de la Junta por si pudieran estar relacionados con los hechos objeto de la investigación. La jueza Alaya sostiene que el fraude en las ayudas sociolaborales concedidas de forma ilegal pudieron alcanzar la friolera de 855 millones.

En este sentido, el instructor de la causa justifica esa medida en que, a tenor de los datos sobre Mar Moreno recogidos en la actuaciones de la causa principal abierta por los ERE, y que remitió la magistrada se Sevilla Mercedes Alaya, es necesario que la Guardia Civil realice una investigación «centrada en constatar cuáles son las actividades» que realizó «en el ámbito de la Junta de Andalucía», es decir, cuando ocupaba la Consejería de Presidencia, «o en cualquier otro cargo público que estuviera relacionado con los hechos presuntamente delictivos» que se investigan en el Supremo. Es decir, añade el instructor de la causa en el Alto Tribunal, «con la concesión de ayudas socio laborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de Andalucía, así como a personas físicas, en el periodo comprendido entre los años 2002 y 2012, debiendo centrarse fundamentalmente en el periodo de tiempo en que desempeñó el cargo de consejera de Presidencia en el Gobierno de Andalucía».

Para ello, Barreiro insta a la UDEF para que le informe sobre qué resoluciones, en su caso, dictó Mar Moreno como consejera en relación a los hechos investigados, es decir, con el fraude en la concesión de esas ayudas, así como los actos en que intervino relativos a su ejecución, así como las actuaciones «a las que aparece directamente vinculadas que tuvieran alguna repercusión en el menoscabo patrimonial del erario público».

En el mismo sentido, ordena también a la UDEF una investigación sobre los mismos hechos en relación con Gaspar Zarrías, «centrada en los actos que haya ejecutado como consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía» y que pudieran tener relación igualmente con los hechos que se investigan en el Supremo.

En relación con Mar Moreno, la jueza Alaya sostiene que «tuvo indiciariamente que conocer y consentir la continuidad del sistema ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales por parte de la Consejería de Empleo», cuando ya ocupaba la Consejería de Presidencia, y que, además, otorgó una «permanente asistencia política y técnica» a Griñán cuando éste, ya como presidente de la Junta, supuestamente vulneró las normas para la concesión de esas ayudas.

Sobre Gaspar Zarrías, las alusiones de la magistrada son mucho más frecuentes, vinculadas la mayoría a Manuel Chaves. Así, por ejemplo, señala que ambos debieron conocer y autorizar las comisiones de los ERE; e igual respecto a la presunta vulneración del procedimiento para la concesión de esas ayudas cuando al frente de la Consejería de Empleo estaba José Antonio Vieira.