Embargan el sueldo a una exconcejala de Bildu para hacer frente a las indemnizaciones por terrorismo

La Audiencia Nacional ha decretado el embargo del sueldo de la exconcejala de EH Bildu Miren Aranzazu Carrera para cubrir la indemnización por responsabilidad civil que le fue impuesta en las cinco condenas que ha recibido por delitos de asesinato, estragos, secuestro y detención ilegal y robo. Tal y como explicaba el documento, Carrera contaría con condenas por asesinato (sentencia de 1983), por estragos (sentencia de 1984), secuestro y detención ilegal (1984) y robo (1983).

Así consta en una diligencia de ordenación que recoge Ep, en la que el tribunal constata que Carrera "se encuentra en situación laboral de alta y trabajando por cuenta ajena en una empresa". Así, se decreta "el embargo de la parte legal del sueldo y demás emolumentos" que percibe por su trabajo en la misma.

El pasado mes de junio, la Audiencia Nacional realizó una búsqueda en sus sistemas de gestión documental -MINERVA y SIRAJ- sobre los entonces concejales electos en las municipales que se presentaban por EH Bildu y que contaban con condenas por delito de terrorismo. De ella se confirmó que cinco de los 20 revisados tenían en ese momento condenas que incluían indemnizaciones por responsabilidad civil sin abonar.

Además de Miren Aranzazu Carrera, con cinco condenas que incluyen indemnización, estarían José Ángel Viguri Camino, Gorka Betolaza Villagrasa, Juan Carlos Arriaga Martínez e Iker Isiegas Garisoain, todos ellos con una condena pendiente.

El Servicio Común de Ejecutorias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio respuesta entonces a la petición realizada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ), que solicitaba esa revisión para que en caso de ser oportuno se reclamaran esas cantidades a los concejales electos.

Una iniciativa de las víctimas

La asociación de víctimas pidió averiguar "los bienes, vehículos, cuentas, depósitos, sueldos públicos y cualquier otro activo patrimonial con el que hacer frente a la responsabilidad civil derivada del delito terrorista cometido".

En la identificación que llevó a cabo Dignidad y Justicia, dieron con 21 candidatos de EH Bildu elegidos y que en su día fueron condenados por delitos de terrorismo o relacionados con actividades de este tipo. La asociación propuso que el Estado reclamase la responsabilidad civil derivada del delito de terrorismo a los condenados y solicitó a la Audiencia Nacional que realizara esta comprobación.