España elevará a la UE las sanciones por el «bunkering»

El Gobierno aprobó ayer la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad para sancionar con dureza a las «gasolineras flotantes» que practican el método del «bunkering» mediante el fondeo permanente de buques–tanque. Gibraltar lo realiza de forma habitual en la Zona de Especial Conservación del Estrecho Oriental. Esta nueva normativa estará en vigor a partir de enero y se aplicará a todas las zonas de especial conservación de España, según puntualizó ayer el Ejecutivo, si bien, indudablemente, señala a las autoridades del Peñón. De hecho, ésta es una de las medidas legales que anunció el Gobierno español a raíz del enfrentamiento con Gibraltar que se arrastra desde el mes de julio por el lanzamiento de bloques de hormigón en aguas jurisdiccionales españolas.

Según detalló el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se acaba así con una laguna legal para prácticas ya prohibidas, como el «bunkering» o los vertidos de materiales para rellenos no permitidos, pero sin tipificación sancionadora. A partir de ahora habrá un instrumento jurídico para sancionar como «muy graves» los casos en los que los daños superen los 100.000 euros, y como «graves» el resto de los supuestos.

Las «gasolineras flotantes» son un procedimiento prohibido desde el año pasado en las zonas de alto valor medioambiental. Ahora, con el cambio legal, habrá una sanción administrativa por parte de las autoridades españolas. El Ejecutivo de Rajoy trasladará a la Unión Europea las sanciones que imponga dentro de su obligación de velar porque se cumpla el derecho comunitario, obligación que comparte con el Reino Unido, como resaltó el ministro en su comparecencia tras el Consejo de Ministros junto con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. El Estrecho Oriental de Gibraltar es un Lugar de Importancia Comunitaria desde 2008 por decisión de la Comisión Europea.

Precisamente, la vicepresidenta apeló a la voluntad del Gobierno de mantener con el Reino Unido una relación de aliados y socios, entre los que tiene y debe haber un diálogo fluido en todas las cuestiones que les afecten. Pero también señaló que hay cuestiones «irrenunciables», y que España tiene la obligación de trabajar para que se cumpla la ley medioambiental, fiscal o en materia de lucha contra el contrabando. En relación a esto último, Sáenz de Santamaría detalló que entre 2010 y 2013 se ha producido un incremento de más del 200 por cien del contrabando de tabaco en la zona del Estrecho y que la Policía se ha incautado de 70.000 cajetillas en las últimas semanas. Por eso la importancia, a juicio del Gobierno, de que la UE haya aceptado que su misión a Gibraltar investigue también estas cuestiones.

Los cambios legislativos anunciados ayer para cubrir las lagunas existentes en relación al «bunkering» y a los rellenos no permitidos están incluidos dentro del Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, con el que se unifican las leyes de evaluación ambiental estratégica. Las previsiones del Ejecutivo contemplan la creación de unos 8.000 puestos de trabajo y un impacto sobre la actividad económica de 1.000 millones de euros, aproximadamente.