De todas atrocidades cometidas por ETA a lo largo de su siniestra historia, destaca, por su inhumanidad y odio, el asesinato de familiares de guardias civiles, entre ellos niños menor de edad, por el mero hecho de vivir en los cuarteles de la Benemérita. Zaragoza, Santa Pola y Vic, de cuya matanza se cumplen el jueves 34 años, son algunos ejemplos que ilustran esta sanguinaria estrategia. Hubo más que se quedaron en grado de tentativa o con daños materiales.

La banda terrorista trataba de justificarse en que ya había avisado a esos familiares de que dejaran de vivir en dependencias oficiales, como si un español uniformado no tuviera derecho a mantener la unidad familiar. Eso, por no citar que los "grandes emolumentos económicos" de los guardias, que a los políticos de todas las épocas les debía llamar a la vergüenza, les permitía disponer de varios domicilios.

Cuando los etarras –en este caso los del “comando Barcelona”- perpetraban los atentados sabían que morirían mujeres y niños. Les daba lo mismo. Si eran detenidos, ya había algunos que se ocuparían de negociar nuevas amnistías y beneficios varios. Y si morían, al enfrentase con las Fuerzas de Seguridad, serán enterrados como héroes.

Eran las 19:05 horas de la tarde de aquel 29 de mayo de 1991 cuando los etarras lanzaron un coche-bomba al interior de la casa-cuartel de la Guardia Civil de Vic (Barcelona). A esas horas, numerosos familiares de los agentes se encontraban en sus viviendas y algunos niños jugaban en el patio. Aprovecharon una rampa existente entre una calle aledaña y el patio del acuartelamiento para que el vehículo marchara sin necesidad de que nadie lo condujera. En la instalación militar vivían 14 agentes, 13 mujeres y 22 niños.

Cuando el coche-bomba, con la marcha atrás bloqueada, estuvo dentro del patio de la casa-cuartel, el terrorista Juan Carlos Monteagudo activó el explosivo con un telemando. El maletero del vehículo alojaba doce bombonas con dieciocho kilos de amonal cada una. La explosión, a la que siguió un incendio, derrumbó el edificio del acuartelamiento, construido en los años sesenta, y del que solo quedó en pie la fachada. Tuvieron que utilizarse grúas y perros adiestrados para rescatar a las víctimas de debajo de los escombros. A su vez, la onda expansiva causó daños materiales en medio centenar de edificios próximos. Uno de ellos, ubicado frente a la casa-cuartel, tuvo que ser derruido.

Como consecuencia directa de la explosión del coche-bomba, nueve personas fueron asesinadas, cinco de ellas menores. Murieron dos agentes del Instituto Armado, Juan Chincoa Alés (30 años) y Juan Salas Píriz (48). Gran parte de la dotación de guardias civiles prestaban servicio de orden en una carrera ciclista comarcal, donde el pueblo de Vic homenajeaba al corredor local Melchor Mauri, que había ganado diez días antes la Vuelta Ciclista a España. Ese hecho motivó que la mayoría de las víctimas del atentado fueran mujeres e hijos de los agentes.

Los otros siete fallecidos en el acuartelamiento fueron: Francisco Cipriano Díaz (17 años); Maudilia Duque Durán (78); Ana Cristina Porras (10); Mará Pilar Quesada (8); Nuria Ribó Parera (21); Rosa María Rosa Muñoz (14); y Vanessa Ruiz Lara (11). Además, otras 44 personas resultaron heridas. Algunos de los afectados padecieron importantes mutilaciones y secuelas.

Además de las nueve víctimas mortales y de las decenas de lesionados en el acuartelamiento de Vic, Ramón Mayo García falleció al ser atropellado por una ambulancia que evacuaba a los heridos. Era guardia civil en la reserva activa y en el momento de ser arrollado prestaba auxilio a los afectados por la explosión. Fue reconocido como víctima del terrorismo por el Consejo de Ministros en el año 2005.

El elevado número de víctimas colapsó el Hospital General de Vic, lo que motivó que algunos heridos tuvieran que ser evacuados en helicóptero a centros hospitalarios de Barcelona. Las autoridades locales realizaron llamamientos radiofónicos para que los médicos de la ciudad se personasen en los centros con el fin de ayudar a los múltiples heridos. Por otro lado, los habitantes de Vic acudieron a donar sangre masivamente y numerosos vecinos ofrecieron sus hogares a los damnificados.

Al día siguiente de la masacre, la Guardia Civil desarticuló el “comando Barcelona” de ETA que había perpetrado el atentado . En la acción policial, llevada a cabo en un chalé de la localidad barcelonesa de Lliçà de Munt, murieron los terroristas Juan Carlos Monteagudo Povo —jefe del “comando” y ex dirigente de Terra Lliure— y Juan Félix Erezuma Uriarte, quienes se resistieron a su detención con armas de fuego. Asimismo, se detuvo al tercer autor directo de la matanza, Juan José Zubieta Zubeldia, que no opuso resistencia.

Otros detenidos en la misma operación fueron María Pilar Ferreiro Bravo y Jordi Mas Trullenque, profesor ayudante de Matemáticas Aplicadas en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Durante el registro del chalé de Lliçà de Munt se incautaron tres pistolas, un revólver, un subfusil, dos fusiles de asalto, cuarenta y cinco hilos de amonal, un kilo de dinamita, trece de cloratita, nueve de pólvora, así como abundantes componentes para la fabricación de explosivos y numerosa documentación, entre la que se descubrió que los terroristas habían iniciado un informe del atentado de Vic para el máximo dirigente de ETA, Francisco Múgica Garmendia, alias “Pakito”. El texto decía así:

En la ekintza [acción] nos marcamos dos objetivos: uno militar y otro político. En primer lugar, como objetivo militar, ver si era posible meter un kamikaze [coche-bomba teledirigido] en el patio del cuartel.

Como segundo objetivo, esta vez político, destruir el cuartel sin afectar demasiado al colegio que está al lado. El primer apartado tenía varias variables. La primera, ver si era posible otra... (Cambio 16, 10/06/1991). En ese punto se truncó la redacción del informe por la intervención policial.

En junio de 1993 la sección 3.ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a Juan José Zubieta Zubeldia a una pena total de 1.311 años de prisión por el atentado de Vic. Al condenado se le imputaron los siguientes delitos: un atentado con resultado de muerte, ocho asesinatos consumados, otros cuarenta y cuatro asesinatos frustrados, terrorismo, utilización ilegítima de vehículo de motor ajeno y sustitución de placa de matrícula. Además, Zubieta Zubeldia fue condenado a indemnizar a los herederos de cada uno de los nueve fallecidos con 20 millones de pesetas, y al resto de heridos en el atentado a razón de 10.000 pesetas por cada día de baja médica por lesión. La suma de las indemnizaciones a los heridos por sus lesiones y secuelas ascendió a un total de 59.930.000 pesetas. El tribunal reconoció la insolvencia del sentenciado, por lo que el Estado debió hacerse responsable del coste de las indemnizaciones.

En diciembre de 1993, la Audiencia Nacional también condenó a Juan José Zubieta Zubeldia a 28 años y 6 meses más de prisión por los delitos de depósito de armas de guerra y tenencia de explosivos, entre otros. Esa misma sentencia condenó a Pilar Ferreiro Bravo y a Jordi Mas Trullenque a las penas de 8 y 6 años de prisión, respectivamente, por su colaboración con la célula. Pilar Ferreiro alojó en su domicilio a Zubieta Zubeldia, Monteagudo Povo y Erezuma Uriarte.

La sentencia señaló que, además de darles cobijo, Pilar Ferreiro convenció a Jordi Mas, con el que mantenía relaciones sentimentales, para que alquilara el chalé de Lliçá de Munt. En esa vivienda los etarras se ocultaron y prepararon el atentado de Vic. (de "Vidas Rotas").