Exhumación con elecciones

Los tiempos jurídicos permiten que la familia presente el recurso ante el TS al filo de las autonómicas.

La explotación de vías a las que recurre el Ejecutivo de Sánchez para tratar de impedir que los restos de Franco terminen en la catedral de la Almudena no amilanan a la familia, más bien todo lo contrario, a tenor de las conversaciones mantenidas con este periódico después de la última iniciativa conocida de Sánchez.

El Gobierno ha encargado a la Delegación de Gobierno de Madrid un informe de 12 páginas en el que aducen distintos motivos por los que el cadáver del ex Jefe del Estado no debe reposar en la catedral de la Almudena. En dicho documento, filtrado por el Gobierno a El País, se alegan principalmente motivos de seguridad, ya que se sostiene que al estar la catedral de la plaza de Oriente en el centro de Madrid, podría aumentar el número de visitantes a la tumba respecto al que hay en el Valle de los Caídos, y recuerdan que España se encuentra en el nivel 4 en cuanto a nivel terrorista, por lo que creen que las supuestas aglomeraciones podrían provocar atentados y también contemplan la posibilidad de que se produzcan situaciones de conflictividad política y desórdenes públicos, por tratarse de un personaje histórico muy polémico. «Los restos no deberían bajo ningún concepto enterrarse en la cripta de la catedral de La Almudena por motivos de orden público, de riesgo de amenazas terroristas, de colapso de la zona en fechas señaladas o de enfrentamiento entre partidarios y detractores dentro de la cripta, donde la policía no puede entrar por ser un lugar sagrado», argumenta el informe entre otras cuestiones.

«Entonces habría que derribar el Santiago Bernabéu», ironiza Luis Felipe Utrera-Molina, abogado y albacea universal de la familia, ayer de luto por el aniversario de la muerte de Carmen Franco. Tanto él como Juan Chicharro, presidente de la Fundación Franco, consideran que el paso dado por el Gobierno supone uno más de los realizados hasta la fecha, fruto, a su juicio, de una improvisación permanente. «En el Real Decreto del pasado mes de agosto se reconocía a los nietos la posibilidad de elegir el lugar en el que enterrar a su abuelo», prosigue Utrera-Molina, «pero como no les gustó la alternativa presentaron una modificación, y como fue vetada por PP y Cs pues ahora sacan esto».

Según explica, los descendientes de Franco tienen derecho a un periodo de 15 días para presentar alegaciones. Estima que el plazo comience en el día 8 de enero, por lo que el límite que se fija la familia sería el próximo 22 de enero. Después de este proceso, el informe tendría que ser aprobado en el Consejo de Ministros, y en caso de prosperar, pasar al Tribunal Supremo, ya que la familia asegura que presentará un recurso. Teniendo en cuenta que el siguiente Consejo de Ministros tendría lugar el día 25 del próximo mes, la familia dispondría de un plazo aproximado de dos meses para presentarlo, y después el TS tendría que resolver. «Puede hasta haber un cambio de gobierno mientras tanto», dice Chicharro. En el recurso, pedirán medidas cautelares y alegarán la, a su juicio, falta de rigor del informe, ya que aseguran que al ser un análisis elaborado por el propio Gobierno, es «parcial y sesgado». «No lo han pedido a la Guardia Civil, ni a expertos... No es serio».

La negación del prior

La familia, además, guarda una carta. El Gobierno de Sánchez admite que el prior de la basílica del Valle de los Caídos debe autorizar la salida de los restos de Franco. Según establece el BOE, en un texto firmado por la subsecretaria del ministerio de Justicia, Cristina Latorre, los restos de Franco «reposan en el interior de la Basílica Menor de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, lugar de culto y, por tanto, inviolable con base en lo previsto en el artículo 1.5 del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, por lo que se hace necesario recabar las autorizaciones precisas». Es decir, que la autoridad de la Basílica es competencia del prior, Santiago Cantera, quien ha dicho en numerosas ocasiones que no consentirá el traslado del cuerpo mientras se opongan los descendientes. Y, según afirman desde la Fundación Franco, tras recientes conversaciones con él, Cantera habría mandado una carta al presidente del Gobierno negando la autorización. «Esto le complicará bastante la vida al Ejecutivo», aseveran.

Los Franco amplían su denuncia por prevaricación

La familia de Francisco Franco ha ampliado su denuncia por supuesta prevaricación contra las personas que están participando en el proceso para exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos, según un escrito al que ha tenido acceso Efe. Presentado el pasado viernes en el juzgado de instrucción número 3, el escrito pretende ampliar datos que podrían contextualizar los hechos ya denunciados en relación a la tramitación del expediente de exhumación, después de que recientemente se haya comunicado la designación de Víctor Cageao como director de Inmuebles y Medio Natural por parte de Patrimonio Nacional. Sugieren los nietos de Franco que se cite a la subdirectora general de Recursos Humanos e Inspección de Servicios del Ministerio de Cultura, Antonia González Cano, por ser la persona que firmó la resolución del 15 de octubre por la que reingresaba al servicio activo a Cageao, «todo ello con aparente ausencia de competencias para tal acto administrativo». Tal resolución, para los nietos de Franco, «podría calificarse de manifiestamente arbitraria, caprichosa y dictada, supuestamente, para satisfacer esa voluntad caprichosa al margen de la legalidad».