Ni el Ministerio de Igualdad ni el Gobierno en su conjunto pueden pasar página por los fallos que se produjeron en el sistema de las pulseras antimaltrato y que fueron denunciados por la Fiscalía. Querrían, pero no les dejan. La titular de la cartera, Ana Redondo, se enfrentará hoy a otro mal trago parlamentario y verá cómo socios y oposición le afean la falta de transparencia y de explicaciones tras conocerse dichos fallos.

El Congreso debatirá y votará esta tarde una proposición no de ley (PNL) presentada por el PP y en la que se propone una auditoría integral del sistema de las pulseras. El debate, que se prevé tenso por las sensibilidades que toca, servirá de termómetro para medir la relación entre el Ejecutivo y los socios sobre este tema.

Además, amenaza con suponer un nuevo y duro golpe para Igualdad, y para Redondo por extensión, si el Congreso aprueba la iniciativa. Aunque una PNL no obliga al Gobierno a nada y sólo insta, sí tiene un valor simbólico importante porque pone negro sobre blanco la posición de los partidos. Y, si bien los distintos grupos no quieren adelantar todavía su postura, la posibilidad de que acabe siendo finalmente aprobada no es del todo descabellada.

Ya pasó algo parecido el pasado 24 de septiembre, cuando Redondo fue reprobada por la Cámara Baja gracias a la abstención de Junts, ERC, Coalición Canaria y BNG, todos ellos socios habituales del Gobierno. Durante el debate, denunciaron la falta de transparencia por parte de Igualdad y la PNL que se debate hoy podría aspirar a rellenar esos huecos detectados por los grupos políticos.

En el texto, al que ha podido acceder LA RAZÓN, se pide en primer lugar evaluar el impacto que tuvo la pérdida de datos en los distintos procedimientos judiciales. Se trata de algo clave, porque se perdió información que servía como prueba judicial sobre el quebrantamiento de órdenes de alejamiento, y el dato todavía no ha sido facilitado ni por el Gobierno ni por el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, aún se desconoce la magnitud real del problema.

La PNL también busca que se aporten informes sobre la solvencia de las empresas contratadas, sobre los dispositivos utilizados y pide informar sobre las razones para que se pasara de un modelo de alquiler de terminales a otro de adquisición, sospechando que ello pudo provocar que se buscara abaratar los costes. Entre los diez puntos del texto, también se pide realizar "una auditoría técnica, operativa y judicial independiente del sistema de control telemático de órdenes de alejamiento" desde 2023, cuando empezaron los problemas. Asimismo, exige informar a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Congreso de las medidas adoptadas para recuperar los datos y evitar que se vuelvan a producir los errores.

Con esta PNL, el PP sigue desplegando su estrategia para desgastar al PSOE por este frente. Son conscientes de que la desmovilización del electorado femenino puede ser un golpe en la línea de flotación para los socialistas y el partido de Alberto Núñez Feijóo está buscando equiparar este caso de las pulseras a los errores que se cometieron con la ley del sólo sí es sí, que obligaron a modificarla por las rebajas de condenas a miles de encausados por delitos machistas.

A pesar de la evidente intencionalidad política de la iniciativa, en el partido han optado por redactar una PNL muy técnica. En esencia, lo único que hacen es exigir información, y esto dificulta que los socios parlamentarios del Gobierno se desmarquen de ella. "Como se ve en el texto, no hay razón para que los socios no lo apoyen", aseguran fuentes del PP, que explican que todavía no se ha decidido si se votará por puntos o en su conjunto.

De hecho, tanto Junts como ERC afearon a la ministra, durante el debate de la reprobación en el que se abstuvieron, que no había facilitado información veraz sobre el error de las pulseras. También desde Sumar se pidió una investigación sobre el asunto: "si han existido fallos o disfunciones, es conveniente que se esclarezca todo lo que ha pasado durante estos meses de aplicación de un sistema que parece que no funcionaba correctamente", llegó a asegurar Yolanda Díaz.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad ya anunció el pasado 1 de octubre, varios días después de que estallase la polémica, que se iba a hacer una investigación interna para dilucidar qué falló y estudiar si hay que exigir responsabilidades a la empresa. Sin embargo, la mayoría de los grupos considera que las responsabilidades también las tiene que asumir la propia Redondo. De la investigación de Igualdad, de todas formas, no se conoce siquiera un calendario para dar a conocer las pesquisas.