Un visado por puntos para atraer talento

En la Declaración de Murcia, adoptada el pasado 28 de septiembre, el Partido Popular fijó su posición en materia migratoria. En ella se reclamaba un mayor control de la inmigración irregular y se defendía un modelo de integración vinculado al empleo, basado en el cumplimiento de la ley, la reciprocidad y el respeto a los valores democráticos. Sin embargo, el documento no hacía ninguna mención al visado por puntos, una propuesta que Núñez Feijóo introdujo posteriormente en su comparecencia ante los medios y que finalmente se ha incorporado al Plan Nacional de Inmigración del partido, presentado hace días dentro de un decálogo de medidas para una inmigración legal, ordenada y mutuamente beneficiosa.

Para contextualizar el debate, conviene hacer una breve referencia a la regulación de los visados. La Unión Europea cuenta con un Reglamento que determina los países terceros que necesitan visado y aquellos que están exentos del trámite para estancias de hasta 90 días. Los nacionales de la mayoría de países iberoamericanos disfrutan de esa exención en todo el territorio Schengen, ya que sus Estados figuran en la lista del Reglamento (UE) 2018/1806. Además, España ha suscrito convenios de doble nacionalidad con la mayor parte de esos países.

En cambio, no existe una política común europea en materia de visados de larga duración. Cada Estado miembro establece sus propias condiciones de entrada y permanencia, que en el caso de España se regulan en la legislación de extranjería. Se trata de un ámbito estrechamente vinculado a la soberanía nacional, razón por la cual la Constitución reserva al Estado las competencias exclusivas en materia de control de fronteras, extranjería y nacionalidad.

En este contexto, interesa subrayar el peso real de la inmigración en España. A comienzos de 2025, la población nacida en el extranjero ascendía a unos 9,5 millones de personas, casi el 20 % del total. Se estima que, en la última década, más de tres millones de inmigrantes han adquirido la nacionalidad española. Según datos del INE, solo en 2024, unos 250.000 residentes extranjeros, principalmente originarios de Marruecos, Venezuela y Colombia, accedieron a ella. Una parte significativa de los nuevos nacionales procede de Iberoamérica, favorecida por los convenios bilaterales que reducen a dos años el período de residencia legal exigido para solicitar la nacionalidad.

Conviene destacar que la mayoría de las personas en situación irregular no llega en patera o cayuco, sino que accede al país por vías legales y pasa a la irregularidad al prolongar su estancia más allá del tiempo permitido. Aunque no existen cifras exactas, por la propia naturaleza del fenómeno, un análisis de Funcas estimaba que, a comienzos de 2023, residían en España más de 600.000 inmigrantes sin autorización de residencia.

De ahí la importancia de recordar un dato a menudo olvidado en el debate migratorio: más del 90 % de los inmigrantes en España se encuentra en situación regular o ha adquirido ya la nacionalidad.

Sin embargo, esta realidad difiere del perfil de la emigración española, marcada por la salida de jóvenes altamente cualificados. Según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, más de 2,7 millones de españoles viven fuera del país, y muchos de los que se han marchado en los últimos años lo han hecho tras completar estudios universitarios o de posgrado. Ello contrasta con la inmigración que recibe España, mucho más vinculada a sectores de baja o media especialización. La llegada de trabajadores extranjeros cubre sobre todo las necesidades en agricultura, construcción, cuidados o servicios, sectores en los que se requieren empleos de menor nivel formativo y que difícilmente se cubren con contratación local. Dicho más claramente: España importa mano de obra, mientras exporta capital humano formado.

En este escenario, varios países han recurrido al visado por puntos como fórmula para atraer profesionales altamente cualificados. El sistema pondera factores como la edad, la formación, el dominio de idiomas, la experiencia laboral o el salario de la oferta, y concede el permiso a quienes superan un umbral mínimo. El modelo está muy extendido: Canadá y Australia lo aplican desde hace años con notable éxito en la captación de talento; el Reino Unido lo convirtió en el eje de su política migratoria tras el Brexit; y países como Nueva Zelanda, Japón, Singapur, así como la región de Hong Kong o Austria, han implantado esquemas similares. Incluso Alemania lo ha adoptado recientemente.

Por ello, parece lógico replantear el sistema español. Si otros Estados han avanzado hacia visados por puntos que priorizan la llegada de titulados y profesionales cualificados, España tiene la posibilidad de reforzar esa vía. Las bases ya existen en la Ley de Emprendedores de 2013, impulsada por el Partido Popular, y en el nuevo Reglamento de Extranjería de 2024, aprobado por el PSOE, que actualiza la normativa anterior y refuerza la contratación en origen y la emigración circular. No obstante, una política más decidida en esta dirección permitiría retener y atraer talento, equilibrando un modelo migratorio que hoy sigue siendo asimétrico, sin perjuicio de mejorar las condiciones que eviten la fuga de cerebros y faciliten que nuestros jóvenes no se vean obligados a emigrar.

Esa debería ser, en mi opinión, la clave de la propuesta: orientar la política migratoria hacia la inmigración altamente cualificada, sin excluir que un sistema de puntuación similar pueda aplicarse también a la contratación en origen y a la emigración circular, vinculadas a la formación profesional y el empleo en sectores con escasez de mano de obra.

Lo más conveniente sería que los principales partidos dieran a conocer claramente sus propuestas en materia de política migratoria, porque es un tema que interesa y preocupa a la ciudadanía. Aunque PP y PSOE mantienen discrepancias públicas en este terreno, en la práctica comparten un punto de consenso silencioso: el buen desempeño económico de España ha estado vinculado, en buena medida, a un marco jurídico migratorio eficaz, que ambos han respetado hasta ahora.

En definitiva, más allá de regular el visado por puntos como una propuesta razonable, y aunque pueda sonar a ingenuidad en el actual clima de polarización, sería deseable avanzar hacia un Pacto de Estado sobre inmigración, basado en el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y que mantenga la gestión migratoria al margen de la confrontación política.

Ángel Llorente ha sido magistrado y director general de Cooperación Jurídica Internacional