Fieles a sus ideales

El reconocimiento del derecho a la vida de todos es un principio constitucional surgido de la experiencia de las violaciones de dicho derecho a lo largo del siglo XX. Pese a la probable deslealtad que manifestó en su momento el ponente socialista Peces Barba, la protección del bien de la vida humana parece un elemento básico de nuestro orden jurídico. Sobre este mismo hubo un claro pronunciamiento del Tribunal Constitucional que fijaba unos mínimos legales de dicha protección. El caso es que por dos veces el Partido Socialista ha roto todo posible consenso y ha funcionado como agente del «lobby» de las clínicas abortistas. La reciente «sentencia Morín» prueba dónde ha quedado la protección jurídica y el rigor exigido por el Tribunal Constitucional. Conviene destacar que ese asunto se destapó en un escándalo internacional cuando una televisión danesa mostró cómo funcionaba el negocio del aborto en España y cómo se sorteaba la ley hasta producir un turismo abortista desde países que supuestamente tenían una legislación más laxa. Hace unos días, el TSJA resolvía además, en aplicación de la denominada «Ley Aído», que todo médico andaluz debía convertirse en un propagandista de la práctica que está generando tan notables «beneficios». El Gobierno tiene la obligación de cumplir con el compromiso de los valores que su partido sostiene y proclama sistemáticamente desde su fundación; con la interpretación que fundamentó y ha sostenido siempre del artículo 15; con el programa que presentó a las elecciones; con los dos recursos de inconstitucionalidad que ha interpuesto sucesivamente y con las argumentaciones que manejó en su oposición a la radical «Ley Aído» y con los acuerdos internacionales firmados por España en protección de las personas discapacitadas. Sobre todo, su compromiso, afirmado reiteradamente por los dos ministros implicados y por el presidente, es con la voluntad de buscar una legislación que frene la tragedia del aborto. Si esto genera en la izquierda su tradicional ataque «comecuras» o cristianófobo y en algún portavoz parlamentario otra muestra de complejos, eso no es problema del Gobierno.