La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) se puso del lado de la inadmisión de la querella presentada por Hazte Oír contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, para pedir que se le investigue por falso testimonio.

Concretamente, por haber negado durante su comparecencia ante la «comisión Koldo» del Senado que conociese a Víctor de Aldama, pese a que después se evidenció que habían mantenido una conversación por WhatsApp cuando ella era presidenta socialista de las Islas Baleares.

La teniente fiscal del alto tribunal, María Ángeles Sánchez Conde, emitió, a petición de la Sala Segunda del Supremo, un informe en que defiende que Francina Armengol no incurrió en responsabilidades penales. Expuso dos razones fundamentales.

La «número dos» de la Fiscalía General del Estado asegura que «el hecho de conocer o no a una persona de cierta relevancia, que posteriormente ha sido señalada como nexo corruptor», como es Aldama en el «caso Koldo», «carece de importancia si no se ha celebrado ningún contrato público» entre ambas partes e, incluso, de celebrarse, tendrían que existir indicios de irregularidad para considerar que Armengol pudo incurrir en un ilícito penal.

También quiere que la Sala de lo Penal tenga en cuenta que, «aunque existiera dicha reunión y la intervención en la misma de Aldama», si la presidenta de la Cámara Baja negó conocerle, tras ser preguntada por ello en comisión parlamentaria, «pudo no comportar una desviación manifiesta entre la compareciente y la realidad material».

Al poder tratarse –expone la teniente fiscal del TS– «de un mero olvido, dadas las características del cargo ostentado», presidenta del archipiélago balear, «que comportaba la asistencia a multitud de reuniones con una multitud de personas».

Esta posibilidad es relevante para Sánchez Conde, que apunta a que «pudo determinar que desconociese u olvidase la identidad de una de las múltiples personas con las que se había relacionado años antes de que se llevase a cabo su intervención en la comisión» el 7 de junio de 2024.

Respecto a la captura de los wasaps que intercambiaron el empresario y Armengol, recogida en una información periodística, Sánchez Conde advierte de que es «inane a efectos probatorios», según jurisprudencia, y, más aún, cuando –señala– «no aporta dato alguno sobre la identidad del presunto interlocutor», ni la fecha en que habrían mantenido esta comunicación en cuestión.

En cuanto al segundo nexo entre ambos reseñado por la asociación en su querella, las declaraciones en que Aldama afirmó que se reunió con ella y el entonces presidente de Air Europa (Juan José Hidalgo), el Ministerio Fiscal opina que «vendría ratificada por fuentes no inidentificadas del entorno» de Armengol y –bajo el punto de vista del Ministerio Público– este hecho «tampoco acreditaría una relación de la querellada (presidenta del Congreso) con Aldama».

La fiscal se apoya en que «al venir circunscrita la intervención de este último como mero acompañante de un tercero en una reunión, sin que permita afirmar la falsedad del testimonio» durante su declaración en la comisión de investigación de la Cámara alta. «Descarta toda relación con dicho individuo», zanja al respecto Sánchez Conde en su escrito.

Todo ello, en opinión de la teniente fiscal del alto tribunal, es suficiente para resolver que no se ha «aportado ningún principio de prueba que avale los hechos que imputan en la querella, esto es, la previa relación, conocimiento y confianza entre Armengol y Aldama que comportaría la falsedad del extremo expuesto en su comparecencia».

No pasa por alto, además, que la venta de las mascarillas por la «trama Koldo» a varias administraciones públicas, entre ellas la balear, son objeto de investigación tanto en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional como en el Supremo para los aforados. «Sin que figure Armengol como investigada», reseña, en este sentido, la fiscal.

Aldama reveló el pasado junio en el programa de televisión «Horizonte», tal y como recoge la querella de Hazte Oír, que tuvo una reunión con la dirigente socialista en Palma, cuando presidía Baleares, y que fuentes del entorno de Armengol habían ratificado que se reunió con Globalia y que en dichos encuentros el dueño del grupo empresarial, Juan José Hidalgo, tuvo, entre otros acompañantes, a Aldama.

Según Sánchez Conde, estas declaraciones públicas del empresario fueron utilizados por la entidad querellante para mostrar «a las claras que sí se conocían y que Armengol faltó a sabiendas a la verdad en su declaración». Una tesis que la teniente fiscal no comparte. Hazte Oír presentó una ampliación con nuevas pruebas de la presunta falsedad de testimonio.