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La Fiscalía ve una "operación a gran escala de compra de votos" en Melilla

Anticorrupción asume la investigación por delitos electorales, cohecho, malversación, falsedad documental y prevaricación

La Fiscalía Anticorrupción asume la investigación por la supuesta compra de votos en Melilla. Así lo ha acordado el fiscal general, Álvaro García Ortiz, en un decreto en el que advierte de la existencia de "sólidos indicios" de un fraude electoral en el voto por correo para las elecciones a la Asamblea de Melilla del próximo domingo.

Unas conductas que podrían haber incurrido no solo en delitos electorales, sino también en los de falsedad documental, prevaricación, malversación y cohecho.

García Ortiz justifica la decisión en la "gravedad" y trascendencia, "desde el punto de vista social y político", de los hechos investigados, con los que se habría pretendido "alterar la libre manifestación de la voluntad popular. Además, señala la "complejidad" de las investigaciones a desarrollar.

En ese escrito pone de relieve que las investigaciones policiales -que llevaron a la detención de una decena de personas y que forzaron el cese del consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana de Melilla, Mohamed Ahmed Al-Lal, de Coalición por Melilla (CPM)- han puesto de relieve "la existencia de una operación a gran escala de compra de votos mediante la que se abonaban entre 100 y 150 euros a un importante número de ciudadanos alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo".

"Estructura organizada"

La operación, asegura, comenzó el pasado 4 de abril tras la publicación en el BOE de la convocatoria electoral y habría sido llevada a cabo "por varios individuos afines o relacionados" con Coalición por Melilla. Unas personas que actuarían en el seno de "una estructura organizada, con planificación previa y concertada".

La compra de votos, añade, se estaría financiando además con parte de los fondos obtenidos de empresas y particulares relacionadas con CPM "en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura" en la ciudad autónoma.

Este es el segundo caso de un supuesto fraude en el voto por correo que asume Anticorrupción, que ya investiga hechos similares en Mojácar (donde a diferencia de Melilla sí existe un delegado de esta Fiscalía). Fuentes de la Fiscalía General del Estado apuntan que se trata de "una cuestión de organización interna" y aseguran que el resto de casos están siendo investigados "en sus fiscalías correspondientes".