La Fiscalía pide investigar las cuentas de Alvise y Salf por la financiación ilegal de un cryptoempresario

La Fiscalía del Tribunal Supremo reclama que se investigue al eurodiputado Luis Alvise Pérez por financiación ilegal tras haber supuestamente recibido 100.000 euros en efectivo de Álvaro Romillo.

Este empresario está imputado por la supuesta comisión de la macroestafa piramidal en que se indaga en el marco del "caso Madeira Invest Club" que se sigue en la Audiencia Nacional. Demanda que el otro investigado en este hipotético procedimiento judicial contra Alvise como aforado por su escaño europeo sea el propio Romillo como "cooperador necesario" y "en relación con los hechos compartidos". Le definen como "inculpado" ya que este pasado verano confesó los hechos ante la Fiscalía General del Estado.

El Ministerio Público insta a que se reclame al líder de Se Acabó la Fiesta (Salf) "los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral" para las últimas elecciones europeas y "la documentación e información económica" de esta formación. Dado que esos miles de euros en metálico habrían sido dedicados a pagar facturas de la carrera electoral comunitaria.

El fiscal del alto tribunal reclama así que se vaya detrás de los "libros de tesorería, inventarios y balances, cuenta de ingresos y gastos, así como las operaciones de capital y el informe de fiscalización" del Tribunal de Cuentas. El análisis patrimonial que pide el Ministerio Fiscal se extiende también "al examen de las cuentas corrientes" del propio Alvise en lo relativo al pasado año 2024.

Además, en base a lo declarado por Romillo ante el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia, José Luis Calama Teixeira, insta a que "se dicten las órdenes oportunas" en la causa que se abriría en el Supremo a fin de investigar las donaciones que habría recibido de seguidores a través de una wallet de criptomonedas que le cedió el empresario del chiringuito financiero -así lo calificó la CNMV- Madeira Invest Club (MIC).

El propio juez Calama reclamó en una exposición razonada dirigida a la Sala de lo Penal que se abriese causa especial contra el político al observar "la existencia de indicios racionales de unos hechos consistentes en que Pérez (Alvise) se habría puesto en contacto con Romillo con el fin de que le ayudara en la creación de unas wallets en las que poder recibir donaciones anónimas efectuadas por terceras personas al margen de todo control financiero de las autoridades".

Además, según el instructor de MIC, en base a las pesquisas desarrolladas hasta ahora, "no solo le habría creado tres wallets" para recoger dinero, sino que también le habría proporcionado en mano 100.000 euros procedentes de una de sus empresas, Zentinel, para "financiar la campaña" de Salf al Parlamento Europeo, elecciones en las que irrumpieron en las instituciones con tres asientos en Bruselas.

En cuanto a la pata judicial que afecta a Romillo por la presunta estafa a miles de antiguos inversores de MIC y otras sociedades, se prevé que en las próximas semanas se levante el secreto de sumario y se conozca en qué estado está la investigación.