La Audiencia Nacional pone fin a la instrucción y ordena el ingreso en prisión provisional de Álvaro Romillo por la millonaria macroestafa que habría liderado con Madeira Invest Club (MIC), según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes jurídicas.

El juez José Luis Calama dicta su encarcelamiento al observar la existencia de riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Considera que el empresario está "en una privilegiada situación" para eludir la acción de la Justicia, dado que "dispone de una ingente cantidad económica con la que sufragar el acceso a medios lícitos que le permitan abandonar el territorio nacional".

En el auto, señala que no se puede descartar que se trasladase a algún país que no cumpla con "órdenes internacionales de búsqueda y captura de España". Y, una vez allí, explica el instructor que podría "subvenir cómodamente todas sus necesidades" con los más de 185 millones que se le atribuye haber estafado a sus antiguos clientes.

En cuanto al borrado de pruebas, el magistrado Calama advierte que podría "liquidar los rastros que puedan conducir a la localización" de unos millones de los que solo "una ínfima parte habría sido localizada".

La Fiscalía y los cientos de afectados, que ejercen la acusación, había reclamado al juez que lo investiga que el empresario entrase en la cárcel de manera preventiva. Tanto la fiscal como los abogados de sus antiguos inversores defendieron este viernes que existe riesgo de que se fugue al extranjero, destruya pruebas y que su permanencia en libertad amenaza la protección de las presuntas víctimas.

En este sentido, recordaron en sala que mantiene vínculos familiares con Albania, donde reside la familia de su esposa, y República Dominicana, dado que es el país en que vive la hija de su pareja y el novio de esta.

Tanto la fiscal como los abogados de sus antiguos inversores defendieron este viernes ante el magistrado José Luis Calama que existe riesgo de que se fugue al extranjero, destruya pruebas y que su permanencia en libertad amenaza la protección de las presuntas víctimas.

Habrá que esperar a que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 resuelva si ve procede su ingreso en prisión provisional. Hay que recordar que ayer el instructor mandó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a que detuviese a Romillo para garantizar su declaración y ante la posibilidad de que "tratase de evadirse al extranjero".

Romillo, por su parte, admitió durante su comparecencia que son 2.700 los clientes del MIC afectados y mantuvo, como ha venido haciendo, que no hay estafa y el problema fue la ruina económica del negocio.

Este empresario es el mismo que confesó haber entregado 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez para sufragar su campaña electoral para las últimas elecciones europeas en que consiguió un escaño en Bruselas. Su revelación fue el germen de que el Tribunal Supremo, actualmente, investigue si el líder de Se Acabó la Fiesta (Salf) cometió un delito de financiación ilegal de partidos políticos.