La Fiscalía reprocha al instructor del "caso Begoña Gómez" "lo extraño de la situación" de que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, siga imputado, después de que archivase las actuaciones contra la secretaria general de la Presidencia, Judith Alexandra González.

El fiscal defiende que la situación de Martín Aguirre -que fue su antecesor como responsable de la Secretaría General de Presidencia- es "idéntica" a la González con el "mismo puesto ejercido, misma inexistencia de relación jerárquica o de dependencia, misma ausencia absoluta de elementos incriminatorios que impliquen conocimiento de nada".

Sobre que la asesora de Moncloa Cristina Álvarez hacía, de manera continuada, gestiones privadas de la cátedra extraordinaria que codirigía la mujer del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El ahora delegado madrileño del Ejecutivo ocupó el citado puesto en Presidencia entre julio de 2021 y marzo de 2023. Cierto es que fue en este periodo cuando Álvarez, siendo directora de Programas de Moncloa, sacó adelante la mayoría de asuntos de la cátedra que han sido localizados por la Unidad Central Operativa (UCO).

Pese a ello, el representante del Ministerio Público traslada al juez Juan Carlos Peinado su "perplejidad" porque Martín Aguirre siga imputado por un delito de malversación de caudales públicos y para González la causa haya sido sobreseída libremente. "Desconocemos los razonamientos de una y otra decisión", subraya en su adhesión al recurso de reforma presentado por la defensa de la esposa de Pedro Sánchez.

En este último escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el fiscal también recrimina al juez Peinado que haya incluido en su auto una "queja" por la "inasistencia" de los cuatro aún investigados no acudiesen a la vistilla del pasado 16 de noviembre (como ocurrió en las dos precedentes) o que plasmase "como hito relevante que se acogieron a su derecho a no declarar o lo hicieron a preguntas de su letrado".

"No es sino el ejercicio de un derecho, y, además, deberían existir muchas evidencias objetivas e indicios que reflejar antes que esa cuestión que, sin embargo, es resaltada en la resolución", defiende, en este sentido.

También se coloca del lado del abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, a fin de solicitar al magistrado que archive el procedimiento y anule que siga adelante para Gómez ante el tribunal de jurado -ya unificado como mandó la Audiencia Provincial de Madrid- por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación.

Pide, de igual forma, el fin de las actuaciones para la alto cargo de Moncloa, imputada por tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de fondos públicos, y el empresario Juan Carlos Barrabés, al que se le abriría juicio oral por tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado.