Francia investiga quién pagó el acto de los etarras huidos

Las autoridades francesas abrirán a partir de hoy una investigación sobre lo ocurrido el pasado sábado en la localidad de Biarritz, en un acto organizado por el autodenominado «Colectivo de Exiliados Políticos vascos» (EIPK, por sus siglas en euskera), en el que se reclamó la impunidad para los etarras con causas pendientes. Entre los asuntos que se van a tratar de determinar está quién fue el que alquiló el local en el recinto ferial cuánto se pagó y de dónde procedía el dinero empleado.

A lo largo del acto, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, los organizadores y los que participaron activamente podrían haber cometido algunos ilícitos penales, ya que, entre otras cosas, solicitaron la suspensión de procedimientos judiciales (se entiende que tanto en España como en Francia), que estarían basados en «declaraciones arrancadas bajo tortura».

A este respecto, se considera que las asociaciones sindicales que actúan en el Cuerpo Nacional de Policía y las que lo hacen en el seno de la Guardia Civil, en especial las que destacan por la continua denuncia de supuestas irregularidades de los mandos –cuya inexactitud queda probada con el tiempo–, intervengan ahora ante acusaciones tan graves.

Por sus parte, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, anunció ayer que «en próximos días» habrá «consecuencias» para los participantes en el acto organizado en Biarritz (Francia). En declaraciones radiofónicas, subrayado, «ETA-Batasuna está siempre reclamando lo mismo, la impunidad, y sin mostrar el más mínimo síntoma de arrepentimiento».

«Digo lo mismo que afirmó el ministro de Interior –agregó– , que no habrá impunidad para ningún terrorista con causas pendientes en España. Lo que desde el Gobierno vamos a hacer es capturar a quienes tengan causas pendientes con la Justicia y ponerlos a disposición judicial, porque ésa es nuestra obligación».

Respecto a la posibilidad de llevar a cabo posibles detenciones por el acto de Biarritz, Urquijo recordó que quien tiene que tomar cartas en el asunto es «el Gobierno de Francia, por haberse desarrollado el acto en su territorio. Me imagino que la Policía francesa habrá tomado buena nota de lo ocurrido y, evidentemente, el momento de practicar detenciones, si procede, no es cuando se desarrolla un acto con centenares de personas. Imagino que en próximos días debería haber algún tipo de consecuencia en relación a los organizadores o algunos de los participantes».

En el comunicado que se leyó durante el acto, no se ahorraron ataques a las autoridades españolas y francesas: «Los exiliados y exiliadas hemos sufrido ataques que han provocado desapariciones, daños y muertes. En ellos se encuentran involucrados los estados español y francés. Los exiliados, sus familiares y, en general, el pueblo vasco tienen el derecho a saber la verdad sobre estos hechos». Asimismo, exigían que se suspendan los procesos judiciales que vulneran los derechos de opinión, expresión y reunión; y, en consecuencia, las órdenes de detención, euroórdenes y extradiciones» en general.