Francia investigará la reunión de los «verificadores» con ETA

La Fiscalía francesa investigará la reunión que mantuvieron en los alrededores de la ciudad gala de Toulouse dos integrantes de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) con dos etarras encapuchados.

La Fiscalía francesa investigará la reunión que mantuvieron a finales del pasado enero, en los alrededores de la ciudad gala de Toulouse, dos de los integrantes de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), Ram Manikkalingam y Ronnie Kasrils, con dos etarras encapuchados, en la que escenificaron el «desarme» de la banda terrorista.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, remitió el pasado martes un escrito –al que ha tenido acceso LA RAZÓN– al fiscal jefe de París, François Molins, «con el fin de que se puedan investigar tales hechos delictivos», a lo que, según las fuentes consultadas, habría ya accedido el Ministerio Público del país vecino. En función del curso de esas investigaciones (en las que se intentará esclarecer en qué lugar exacto se produjo la cita de los «verificadores» con los terroristas y la identidad de estos últimos), la Fiscalía de París decidirá si las remite a la juez antiterrorista Laurence Le Vert.

Ningún imputado

La actuación francesa puede conllevar, incluso, el futuro sobreseimiento de las actuaciones abiertas por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien tomó declaración como testigos el pasado 23 de febrero tanto a Manikkalingam, ex asesor presidencial en el proceso de paz de Sri Lanka, como a Kasrils, ex ministro surafricano. Ambos reconocieron al magistrado en esa comparecencia que al concluir esa entrevista, que situaron en un piso de Toulouse, los dos encapuchados guardaron las armas «en una caja de cartón que precintaron con cinta adhesiva y se las llevaron», una vez los terroristas les aseguraron que habían sido inutilizadas, algo que ni siquiera pudieron comprobar por ellos mismos.

«Los hechos se produjeron en suelo francés y los terroristas que acudieron a la cita se encuentran en Francia; además, en las diligencias previas abiertas en la Audiencia Nacional no hay nadie imputado», explican las fuentes consultadas para justificar la investigación francesa de los hechos. Al mismo tiempo, recuerdan, que la Justicia española investigue asimismo lo sucedido no impide que se abran diligencias también en el país vecino. «Ya ha sucedido, por ejemplo, con el atentado en Capbreton» (en el que fueron asesinados en 2007 los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero), aseguran.

Envío del vídeo

En la misiva remitida a Molins, Zaragoza le pone al corriente de la investigación llevada a cabo en España por la intervención «de los autodenominados miembros de la Comisión Internacional de Verificación en una supuesta entrega y sellado de armas por parte de ETA, presuntamente llevada a cabo en algún lugar cercano a la ciudad francesa de Toulouse a finales del mes de enero pasado». Igualmente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional adjunta una copia del vídeo en el que aparecen los dos primeros «con otras dos personas encapuchadas, al parecer miembros de ETA».

Del mismo modo, le informa de la toma de declaración como testigos de Manikkalingam, Kasrils y de un tercer «verificador», Chris Maccabe, ex director político de la Oficina de Irlanda del Norte, horas después de que comparecieran ante la prensa en Bilbao para dar cuenta de los «avances» conseguidos para el supuesto desarme de la banda terrorista.

Los otros tres integrantes de la CIV no han declarado ante la Justicia española por estos hechos: el indio Satish Nambiar ni siquiera viajó a Bilbao para la rueda de prensa por la enfermedad de un familiar; la holandesa Fleur Ravensbergen pretextó que tenía que regresar a su país para cuidar de su hijo pequeño cuando los agentes le notificaron la citación judicial en el aeropuerto a punto de embarcar en el avión y, por último, la ecuatoriana Aracelly Santana, ex representante de la ONU en Nepal y Libia, abandonó España antes de que el juez Moreno ordenara su toma de declaración como testigo.

La Fiscalía invoca el Convenio Europeo de Asistencia Judicial Penal de 29 de mayo de 2000 y la cooperación jurídica internacional, además de «las buenas prácticas acordadas por nuestras respectivas fiscalías», para remitir a Molins «testimonio íntegro de todas las diligencias», remitidas por el juez Moreno, a modo de «denuncia oficial» con el objetivo de que «se puedan investigar tales hechos delictivos».

La citación de los verificadores se acordó después de que la Fiscalía respaldara la petición de Covite, la asociación de víctimas del País Vasco que preside Consuelo Ordóñez, quien reclamó a la Audiencia Nacional que los integrantes de la CIV precisaran dónde se produjo la reunión con los terroristas y la identidad de los etarras con los que se vieron, así como el lugar donde se encuentran los zulos de ETA.