Funcionarios de prisiones claman por la autoridad: "Las agresiones dejarían de ser gratis"

En marzo de 2022 el Congreso aprobó tomar en consideración la proposición de ley que daría a los funcionarios de prisiones la consideración de agentes de autoridad. Recogía la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica Penitenciaria de 1979 para dotar "a efectos legales" de este carácter a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias. Nunca llegó a ser debatida en el Senado y, con ello, su tramitación quedó estancada hasta hoy en día.

En los dos últimos años las agresiones sufridas a manos de reos no han parado de crecer de forma escandalosa. En 2022 hubo 450 agresiones a funcionarios y a lo largo del último año fueron 508. Si se comparan ambas cifras con las registradas en 2020 o 2021, cuando no llegaban a las 200, se concluye que los episodios de violencia contra los funcionarios por presos se han triplicado.

Una escalada de la conflictividad preocupante que no cesan de denunciar públicamente sin mucha repercusión en la agenda informativa los sindicatos del gremio.

No se considera delito alguno que un interno intente tirar por las escaleras o pegar a un funcionario. Solo se catalogan como agresión aquellos actos por parte de los presos que dejen marcas físicas visibles.

Ellos no son agentes de la autoridad, como sí lo son los agentes de la Policía o Guardia Civil, y esta consideración es exactamente la que reclaman para poder hacer su labor diaria con las mínimas garantías jurídicas para su integridad física y psicológica.

De serlo, una amenaza de muerte o un intento de hacerles daño pasarían a tener consecuencias judiciales para los presos. Actualmente, el protocolo no lo prevé.

El fin, explica el funcionario Joaquín Leyva, de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), es la prevención para que se reduzcan los episodios violentos y no una mayor pena para los ya privados de libertad. "Es acción-reacción, que el que amenaza y te intenta hacer daño

Según explica en conservación con LA RAZÓN, que haya una cifra récord de agresiones con la menor población reclusa de nuestra historia lo explica la negligente clasificación de internos que en los últimos años se ha insistido en imponer.

Desde Acaip denuncian que "esta política penitenciaria buenista" permite a personas encarceladas que presentan una peligrosidad objetiva estar en un régimen ordinario y no en el cerrado que les correspondería. La falta de adaptación a las imposiciones de la rutina carcelaria y su propia actitud son, asimismo, condicionantes. "No se aplica el régimen disciplinario como se debería, sino con excesiva laxitud".

Porque afecta directamente a la convivencia y el ambiente que se respira en un módulo de convivencia, que se torna en una "olla a presión que explota". Otros internos que podrían llevar una vida ordenada acaban por afrontar el día en tensión y a la defensiva por la presencia de otros peligrosos

Los presos más conflictivos, explica, fabrican con sus propias manos armas, mayoritariamente objetos punzantes de tamaño reducido. Pero las formas en la que les atacan son muy diversas. Los hay que echan mano del palo de una escoba a los que les arrojan lejía. Otra táctica que aplican es la de atrincherarse en la celda y verter una mezcla de agua y jabón para que cuando el funcionario tenga que entrar se resbale, pierda el equilibrio, y se reduzca su capacidad para reducirlos con efectividad.

Entonces, relata, no es raro que aprovechen para agredirles con cualquier instrumento entre los que también están la parte cortante de una lata de conservas de hojalata o una cuchilla de afeitar que se vende en los propios economatos del recinto penitenciario.

Leyva se remite a una caso que aún resuena entre los trabajadores de las prisiones por el ejemplo que representa de a lo que se enfrentan en su trabajo. Nobert Feher, conocido por el público general como Igor "El Ruso", cumplía condena en la cárcel de Palencia por el triple asesinato que perpetró en 2017 en la localidad turolense de Andorra. El día 11 de abril de 2021, varios funcionarios se introdujeron en su celda para trasladarlo a la prisión zaragozana de Zuera mientras por la celebración del juicio.

Igor "El Ruso" la emprendió contra los trabajadores con un azulejo al que le había sacado punta. "Si entra alguien más lo mataré, vuestras muertes me salen gratis", llegó a decirles según lo que en su momento desveló la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones.

Para los funcionarios pasar a ser unos representantes de la autoridad más les proporcionaría un elemento coactivo más para enfrentarse a los internos y que piensen dos veces las consecuencias que les acarrearía la agresión. "Ya no sería gratis. Sentirían que si hacen algo les van a sancionar", defiende este funcionario representante de Acaip.

En 2023 los tres centros con más conflictividad cuantificada en el número de agresiones que sufrieron los funcionarios de prisiones fueron Puerto III (27), Zaragoza (27) y Dueñas (20), según los datos del Ministerio de Interior a los que ha tenido acceso LA RAZÓN. Le siguen muy de cerca, Huelva (19), Las Palmas II (19) y Madrid V (17).

Otro problema para los trabajadores de las cárceles españolas son los recursos defensivos con los que cuentan. Trajes antidisturbios, que incluyen casco y chaleco protector, que son de talla única y no se adaptan a la fisionomía de la mayoría de compañeros, especialmente en el caso de ellas.

A nivel de protección jurídica también ganarían. La representación o defensa en los tribunales de los agentes de la autoridad la ejercen abogados del Estado. Se les proporciona también atención psicológica tras un suceso contra su integridad física, que también afecta a lo mental.

Hoy en día un funcionario al que han agredido y al que una sentencia judicial le ha otorgado una indemnización por parte del preso condenado no tiene ninguna garantía de recibirla. La mayoría, señalan desde el sindicato profesional, son insolventes. El asunto cambiaría de ser una autoridad. La tendrían asegurada porque el Estado, subsidiando la responsabilidad, se encargaría de abonarlo por su propia consideración si el culpable demostrase que no pudiera hacerlo.

A la vista de lo que ocurre, los protocolos actuales de Instituciones Penitenciarias no funcionan, tal y como apunta Leyva. "Para el 90% pueden resultar efectivos, pero frente al 10% que provocan los problemas, no".

Reclaman que en la elaboración de los protocolos falta que desde la Secretaria General competente se tenga en cuenta la opinión de los trabajadores que día a día se desempeñan en los pasillos de una prisión y también que se adapten a cada centro y no sean generales. "No es lo mismo Alcalá Meco que Lanzarote. No vale lo mismo para los dos".