Los funcionarios de prisiones se manifiestan frente al Congreso: estas son sus principales reivindicaciones

Los funcionarios de prisiones han salido este martes a las calles para alzar la voz contra una situación que consideran insostenible. Denuncian que su trabajo se desarrolla en un contexto de alta tensión y riesgo, con agresiones cada vez más frecuentes por parte de internos y con plantillas insuficientes para garantizar tanto la seguridad de los centros como su propia integridad física.

A las difíciles condiciones de su día a día se suma, según señalan, la falta de reconocimiento institucional y de una equiparación real con otros Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que entre sus peticiones reclaman más medios humanos y materiales, mejoras retributivas y una reforma profunda que dignifique su labor.

Las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones

Numerosos funcionarios de prisiones convocados por el sindicato 'Tu Abandono Me Puede Matar' (TAMPM) han recorrido esta mañana las calles de Madrid, desde la sede del PSOE en la Calle Ferraz al Congreso de los Diputados, con el objetivo de afear los "incumplimientos" que achacan al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para poner fin a las agresiones y ser reconocidos como agentes de autoridad y profesión de riesgo.

Por este motivo, uno de los principales motivos de la protesta por las calles de Madrid es para mostrar el malestar ante el "aumento de agresiones a funcionarios de prisiones", tal y como detalló el presidente de TAMPM, Manuel Galisteo, a la Agencia Europa Press. Unas agresiones que, además, añadió no son solo físicas, si no que en el caso de las mujeres llegan a ser de índole sexual.

Además, los funcionarios de prisiones también reclaman la equiparación salarial con respecto a los trabajadores penitenciarios de Cataluña y País Vasco, las dos regiones con las competencias transferidas y donde, según los cálculos de TAMPM, "disfrutan de un sueldo de en torno a 500 y 700 euros superior al del resto de la Administración General".

Por ello, ante la "desidia" e "inacción" de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y del Ministerio del Interior -tal y como reclaman en sus comunicados-, el sindicato pide que sereconozca al colectivo la condición de agentes de autoridad y de profesión de riesgo, con el objetivo de poner fin a las agresiones y a la discriminación salarial existente.