Cerco a la corrupción
Génova «apartará» a los ediles de Valencia investigados por corrupción
Ante su negativa a entregar el acta, estudia la vía de suspenderlos temporalmente de función
Ante su negativa a entregar el acta, estudia la vía de suspenderlos temporalmente de función
Génova ha tomado ya la decisión de «apartar» a todos los concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia afectados por la investigación del «caso Taula», una vez que se ha levantado parte del secreto del sumario sobre una presunta operación de blanqueo de capitales. Formalmente, el Comité de Derechos y Garantías ha puesto en marcha la investigación interna que anunció el pasado martes la dirección nacional. Los trámites siguen sus pasos, pero detrás de los formalismos Génova está buscando la vía para «apartar», según confirmaron fuentes solventes, a los ediles investigados y que han incumplido el pacto que cerraron con la presidenta regional del PP, Isabel Bonig, respecto a entregar el acta cuando se levantase el secreto parcial del sumario. La directriz del partido era que tenían que entregar voluntariamente su acreditación como concejales o que actuaría el procedimiento disciplinario de expulsión.
En Génova están estudiando la fórmula para conseguir «apartar» a los ediles investigados aunque éstos se resistan a abandonar el acta. «Se está cociendo todo y hay que actuar con prudencia para que no perjudique», precisaban ayer por la tarde en la cúpula popular. Entre las fórmulas que barajan está la de ver cómo pueden suspender de sus funciones temporalmente a todos los investigados, sin que renuncien al acta, para que en el futuro, si consiguen salir indemnes del procedimiento judicial, puedan volver a recuperar sus responsabilidades.
El instructor del «caso Taula», Víctor Gómez, levantó el secreto a principios de semana y la actitud de los ediles imputados, pese a las presiones del partido, ha sido declararse en rebeldía ante su compromiso previo de entregar el acta. Su portavoz Alfonso Novo alegó que no dimitirán porque no existen pruebas que demuestren la comisión de un delito. Pero el sumario conocido ha encendido todas las alertas en la dirección nacional, donde entienden que es el punto de inflexión que obliga a cambiar el paso para responder a la exigencia de la ciudadanía y de sus militantes. Hasta ahora a Génova había llegado el malestar, el desconcierto y la exigencia de medidas más contundentes que se deja sentir en las bases y en dirigentes territoriales. Una demanda que han verbalizado miembros del Comité de Dirección como los vicesecretarios Javier Maroto, Pablo Casado o Andrea Levy.
El juez encargado de investigar el «caso Taula» ha imputado al PP por un supuesto delito de blanqueo de capitales en el partido en Valencia y ofreció a la ex alcaldesa de la ciudad Rita Barberá la posibilidad de declarar voluntariamente antes de decidir si eleva la causa al Tribunal Supremo. El fiscal cree que «existen indicios suficientes de la participación» de la senadora, ahora aforada, en los hechos investigados. No obstante, y aunque la investigación interna afecta también a Barberá, desde la dirección popular puntualizan que el actual escenario cambiaría radicalmente si, finalmente, es imputada. Ésa es la línea que la colocaría en la misma situación que el resto de ediles a los que van a «apartar» y, por tanto, la que obligaría a aplicar sobre ella las mismas drásticas medidas. La dirección popular apela a la «proporción» y al respeto a la «presunción de inocencia». Aunque, al mismo tiempo, admitan, fuera del discurso oficial, que la situación de la ex alcaldesa es un «lastre» que perjudica al partido y a la imagen de Rajoy. Desde el entorno de Barberá avisan de que el criterio de la «responsabilidad in vigilando» tiene que aplicarse «desde arriba» y obligaría a que asumiesen también responsabilidades, sin pronunciamiento judicial, «dirigentes de más peso que ella». Por otra parte, el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maíllo, explicó ayer que una vez que han nombrado a un instructor de la investigación, a partir de ahora todas las personas implicadas en este proceso, sin excluir a nadie y están todas incluidas, tendrán que expresarse en el procedimiento».
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