El Gobierno asume que necesita tecnología israelí para no perder capacidades militares

Finalmente, el Gobierno se rinde a la realidad armamentística y ya no descarta al 100% esa desconexión de la tecnología militar israelí. Está en ello, sí, pero también es consciente al mismo tiempo de las dificultades que supone alcanzar la denominada «soberanía tecnológica» con determinados sistemas, sobre todo si la industria nacional, a día de hoy, no tiene la capacidad para fabricarlos. Han sido muchas las voces que han venido avisando de que España no estaba preparada para ello, haciendo hincapié en que vetar determinados productos implicaría renunciar a capacidades que son claves. Y entre los programas paralizados más destacados estaban el de los misiles «Spike» o el «Sistemas de Comunicaciones Radio Táctica (SCRT)», que iba a ser desarrollado por las españolas Telefónica y Aicox en asociación con la israelí Elbit.

Pero el proyecto fue vetado, entre otros motivos, por las presiones de los socios del Gobierno, aunque forma parte de los nuevos 31 Programas Especiales de Modernización (PEM) incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Eso sí, ahora, el Ejecutivo no cierra la puerta a contar con esa tecnología israelí. Quiere que sea «Made in Spain» o «Made in Europe», pero reconoce que, a día de hoy, eso es inviable y que habría que adquirir dicha tecnología previamente de cara a, en un futuro, poder diseñar un producto propio.

Es lo que se desprende del proyecto de Real Decreto por el que «se establecen las normas reguladoras de la concesión directa de préstamos para el desarrollo industrial de programas especiales de modernización». Un documento de la Dirección General de Programas Industriales del Ministerio de Industria y Turismo, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que se autorizan esos préstamos para nueve programas urgentes valorados en más de 4.700 millones de euros.

"Alternativa" temporal

Pero en ese texto, en el punto en el que hace referencia a esas radios tácticas, el ministerio es tajante al asegurar que «la industria nacional no dispone de la suficiente capacidad para la fabricación y suministros de los sistemas requeridos». De ahí que haya planteado una «alternativa» para «alcanzar el grado de capacitación estratégica a nivel nacional necesario», algo que, hasta lograrlo, pasa por complementarlo «con la adquisición de sistemas disponibles en el mercado para garantizar la interoperabilidad y disponer de formas de coalición».

Es decir, aspira a obtener la «transferencia tecnológica demandada», pero reconociendo que no es posible desde el minuto uno, por lo que ahí entrarían en juego el sistema de radios tácticas de Elbit.

Pero Defensa trata de matizar esta realidad y asegura a LA RAZÓN que el programa en cuestión «no incluye tecnología israelí ni empresas israelíes», porque «busca la soberanía nacional y autonomía estratégica». En este sentido, señala que «es un programa que desarrollarán las principales industrias tecnológicas del sector español de las comunicaciones, con apoyo de un tecnólogo europeo (Finlandia) y la participación industrial de varias empresas nacionales». Un punto este último que es la base del programa y de la desconexión, sí, pero obviando lo que dice el citado proyecto de real decreto, aún no aprobado pero sí redactado y claro: que hasta que llegue esa soberanía hay que ir al mercado.

Un programa de 768 millones

En concreto, el objeto de este programa, valorado en 768 millones para las fases 1 y 2, tiene por «objeto la obtención un sistema que garantice el intercambio fiable y seguro de información requerido en las operaciones nacionales e internacionales». Y el Gobierno, a través de la industria, trabaja para incorporar «la soberanía nacional en los procesos de cifrado, la capacidad de desarrollar e implementar nuevas formas de onda y la obtención de la mayor transferencia de tecnología para la producción, sostenimiento y actualización de los mismos en territorio nacional con el propio tejido industrial».

De ahí que solicite al «adjudicatario» del préstamo-contrato, cumplir varios requisitos, sobre todo alcanzar determinada soberanía nacional «para personalizar la configuración de los sistemas», algo que permitiría, sin depender de «tecnólogos extranjeros», «establecer las necesarias modernizaciones futuras durante el ciclo de vida» de forma «independiente y autónoma». Pero aún queda para eso.