El Gobierno asume que necesita tecnología israelí para no perder capacidades militares

Finalmente, el Gobierno se rinde a la realidad armamentística y ya no descarta al 100% esa desconexión de la tecnología militar israelí. Fueron muchas las voces que avisaron de que España no estaba preparada para la fabricación de determinados sistemas, haciendo hincapié que vetar determinados productos implicaría renunciar a capacidades que son claves. Y entre los programas más destacados estaban el de los misiles "Spike" o el denominado "Sistemas de Comunicaciones Radio Táctica (SCRT)", que iba a a ser desarrollado por las españolas Telefónica y Aicox en asociación con la israelí Elbit.

Pero el proyecto fue vetado por las presiones de los socios del Gobierno al tratarse de tecnología israelí. Eso sí, forma parte de los nuevos 31 Programas Especiales de Modernización incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Eso sí, ahora, ya no cierra la puerta a contar con esa tecnología israelí. Quiere que sea "Made in Spain", pero reconoce que, a día de hoy, eso es inviable y que habría que adquirir dicha tecnología previamente.

Es lo que se desprende del anteproyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas reguladoras de la concesión directa de préstamos para el desarrollo industrial de programas especiales de modernización. Un documento de la Dirección General de Programas Industriales del Ministerio de Industria, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que se autorizan esos préstamos para nueve programas urgentes valorados en más de 4.700 millones

"Adquisición de sistemas disponibles en el mercado"

Y es que el Ejecutivo asegura ahora "la industria nacional no dispone de la suficiente capacidad para la fabricación" de este polémico -y a la vez necesario- sistema de comunicaciones. De ahí que haya planteado una "alternativa" para su obtención: "Alcanzar el grado de capacitación estratégica a nivel nacional necesario", pero hasta lograrlo, deberá estar "complementado con la adquisición de sistemas disponibles en el mercado para garantizar la interoperabilidad y disponer de formas de coalición".

Es decir, aspira a obtener la "transferencia tecnológica demandada", algo que incluye "un riesgo contenido al partir del conocimiento y el producto de un tecnológico extranjero con contrastada solvencia técnica y volumen de negocio internacional", en referencia a Elbit

En concreto, el objeto de este programa, valorado en 768 millones para las Fases 1 y 2, tiene por "objeto es la obtención un sistema que garantice el intercambio fiable y seguro de información requerido en las operaciones nacionales e internacionales". El Gobierno, a través de la industria, trabaja para incorporar "la soberanía nacional en los procesos de cifrado, la capacidad de desarrollar e implementar nuevas formas de onda y la obtención de la mayor transferencia de tecnología para la producción, sostenimiento y actualización de los mismos en territorio nacional con el propio tejido industrial español".

Objetivo: alcanzar la soberanía tecnológica

De ahí que solicite al "adjudicatario" a cumplir con esa soberanía nacional cumpliendo varios requisitos, además de dotar a las Fuerzas Armadas de estos sistemas de radio de última generación. Entre ellos, alcanzar determinada soberanía nacional "para personalizar la configuración de los sistemas", algo que permitiría, sin depender de "tecnólogos extranjeros", "establecer las necesarias modernizaciones futuras durante el ciclo de vida" de forma "independiente y autónoma". Y, al mismo tiempo, ir capacitando a la industria nacional en esta tecnología "para facilitar su desarrollo".

Pero, mientras aspira a esas radios "Made in Spain", reconoce abiertamente que la industria aún no es capaz de fabricar estas radios, confirmando al mismo tiempo que lograrlo implica adquirir esos sistemas en el mercado exterior (en ningún momento cita a Elbit) e ir avanzando en el plan soberano. Y la forma de hacerlo sería la que se paralizó: que la producción y el mantenimiento corriese a cargo de Telefónica y Aicox en suelo español, a partir de ese acuerdo de cooperación con la empresa israelí.

Y, de nuevo sin nombrar a ninguna empresa, el documento deja claro que "el Ministerio de Defensa se encuentra actualmente finalizando el proceso de determinación de las empresas que desarrollarán los programas objeto de este real decreto". Y que, "dada la urgente necesidad de dotar a las Fuerzas Armadas de las capacidades para afrontar un escenario geopolítico complejo", se "justifica la aplicación del procedimiento de concesión directa". Esto es, que Defensa decidirá la empresa a la que adjudica el contrato.