
Agravio a los agentes
El PSOE vuelve a votar en contra de policías y guardias civiles en Europa
El PP saca adelante una directiva en el Parlamento Europeo para reconocer jurídicamente a los agentes como profesionales de riesgo, pese al rechazo de los socialistas

Por enésima vez, los socialistas vuelven a mostrar su peor cara con los policías nacionales y los guardias civiles en Europa. El PSOE ha votado en contra de reconocer jurídicamente como profesiones de alto riesgo a policías, militares, funcionarios de prisiones y agentes de aduanas y fronteras. O lo que es lo mismo, rechazaba la directiva promovida por la eurodiputada popular Maravillas Abadía en la Comisión de Empleo. Directiva que salía adelante pese al voto en contra de los socialistas.
La vicepresidenta del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, aseguraba que "este reconocimiento es un acto de justicia para todos aquellos que nos protegen a diario". Asimismo, subrayaba la importancia de que Europa reconozca de forma oficial "la peligrosidad de estas profesiones", destacando la necesidad de proporcionarles los recursos necesarios para que puedan desempeñar su labor con el mínimo peligro posible.
"La aprobación de hoy marca un antes y un después en la protección de quienes nos protegen", afirmaba por su parte Abadía tras la votación, subrayando que miles de hombres y mujeres en toda Europa "arriesgan cada día su integridad física y mental para garantizar nuestra seguridad, nuestros derechos y nuestras fronteras". Sin embargo, el grupo Socialistas y Demócratas (S&D), al que pertenece el PSOE, votaba una vez más en contra, "mostrando una vez más su falta de apoyo a quienes arriesgan sus vidas para proteger la seguridad de Europa", apuntaba Abadía. Este rechazo, añadió, "evidencia una vez más la desconexión del PSOE con las necesidades y derechos de los profesionales de la seguridad".
Jubilación anticipada sin penalización
En concreto, la Directiva propone una definición común europea de "profesión de riesgo" con criterios armonizados. Asimismo, reclama un marco que permita a los Estados miembros adaptar condiciones laborales específicas, como la jubilación anticipada sin penalización, cobertura psicológica para los profesionales y sus familias, acceso garantizado a asistencia sanitaria, y una protección jurídica reforzada frente a agresiones. Todo ello deberá completarse con formación especializada, mejores medios de protección y un sistema de prevención de riesgos adaptado a las exigencias del puesto.
"No estamos hablando de privilegios, sino de una obligación moral y legal. Europa no puede seguir mirando hacia otro lado", advertía Abadía, recalcando que la falta de reconocimiento institucional tiene consecuencias directas para "su salud, su carrera, sus familias y su futuro". Además, Abadía ha denunciado que, a pesar de que algunos países ya aplican protecciones adicionales, las cifras siguen siendo alarmantes: solo en España, en 2023, se registraron 16.878 agresiones a policías, un 30% más que en 2018. En Alemania fueron 43.000, en Francia 15.000, y en Países Bajos 12.000, algunas de ellas con resultado de muerte.
"Durante años, se ha intentado excluir a estos profesionales del sistema de protección laboral. Hoy queremos corregir esa injusticia", ha añadido la eurodiputada, quien recordó que la propuesta se apoya en la Directiva Marco de 1989 y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reconoce el derecho de estos colectivos a una protección específica.
A partir de ahora, el siguiente paso en el proceso será que el Parlamento Europeo se pronuncie formalmente sobre la Directiva, lo que se llevará a cabo mediante la creación de un Informe de Iniciativa (INI). Este primer paso permitirá que la propuesta sea debatida en comisión y, posteriormente, en pleno. De este modo, se podrá exigir que la Comisión Europea redacte una propuesta legislativa en base a las necesidades planteadas por el PP.
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