Hacienda retirará fondos a las CC AA para pagar sus deudas municipales

En materia de delimitación competencial, el principio de que a cada competencia le corresponda una única Administración se concreta en la reforma local en que las comunidades asuman las competencias exclusivas en Educación, Sanidad y Servicios Sociales. Quedando obligadas por ley a firmar convenios que garanticen a los ayuntamientos la financiación si prestan servicios en estas materias. En teoría ya debería ser así, pero al final los municipios han ido asumiendo eso que se conoce como competencias impropias, muchas de ellas en materia social, sin que les haya llegado el dinero para sostenerlas. El anteproyecto de ley establece varias garantías para que esa situación no vuelva a producirse y los ayuntamientos puedan tener saneadas sus cuentas. Para ello, se reconocen como prioritarias las deudas con las corporaciones locales, lo que implica que Hacienda detraerá directamente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) las partidas necesarias para hacer frente a esos pagos. Es decir, que llegado el caso de que haya incumplimientos de esos convenios de delegación de competencias, intervendrá Hacienda directamente para desviar recursos de las autonomías hacia los ayuntamientos. Eso sí, a las comunidades se les dará un periodo de transición para que asuman las responsabilidades financieras que les corresponde, que se prevé que sea de unos cinco años. En esta clarificación de competencias municipales para evitar duplicidades y eliminar las competencias impropias el Gobierno previó inicialmente un ahorro de unos 3.500 millones de euros.

En concreto, el ahorro generado por la absorción de los servicios públicos obligatorios por las diputaciones en municipios inferiores a cinco mil habitantes sería de 2.248,2 millones de euros, que llegarían a esos 3.500 millones con la absorción de competencias de municipios de hasta veinte mil habitantes. Actualmente, el 71,3 por 100 de las mancomunidades no cumple con sus obligaciones de presentar cuentas anuales. Los servicios de las mancomunidades pasarían a depender de las diputaciones, una Administración más transparente, ya que el 90 por 100 sí cumple con la presentación de las cuentas anuales.