La ILP para regularizar a medio millón de migrantes inicia su trámite en el Congreso

El Congreso ha recibido este martes a los líderes de la Plataforma Esenciales para iniciar los trámites parlamentarios para aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a medio millón de migrantes que viven (y la mayoría de ellos trabajan) en España. La ILP se registró la pasada legislatura, pero quedó sin tramitarse ante el avance de la convocatoria electoral a julio. En esta ocasión, en cambio, parece que el margen de tiempo es más amplio y eso puede permitir un debate y una tramitación más sosegada: de hecho, ya hay fecha para la toma en consideración (primer filtro parlamentario), que será en mayo.

La plataforma, que está liderada por seis organizaciones (entre las cuales aparecen Por un Mundo más Justo o la Fundación Ciudadanía Global) muy transversales ideológicamente, ya ha iniciado conversaciones con los grupos parlamentarios para pulsar cuál es el posicionamiento de cada partido y qué posibilidades de éxito hay. De momento, todas las formaciones del espectro de la izquierda, además de PNV, se han mostrado a favor y está por ver qué postura acaban adoptando PP, Vox y Junts. Los populares y los posconvergentes se han mostrado abiertos a negociar y han dejado entrever que introducirían cambios.

En este sentido, la ILP está compuesta de tan solo un artículo, que modifica la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, que pasa a tener la siguiente redacción: "Disposición transitoria primera. Regularización de extranjeros que se encuentren en España. El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá, en el plazo de 6 meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021". La ILP ha concitado un apoyo muy amplio ya que ha contado con 611.821 firmas (apoyo de ciudadanos).

En la exposición de motivos, los promotores dan algunas razones para defender la ILP: en primer lugar, por "respeto de los derechos fundamentales" ya que las personas que se encuentran en situación irregular quedan condenadas a "la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad"; en segundo lugar, por cuestiones económicas, ya que se pierde un "gran aporte económico y fiscal" para las arcas públicas porque las personas en situación de irregularidad no pueden contribuir (ni pagar impuestos ni cotizar) al formar parte de la economía sumergida. "Una regularización afloraría, rápida y eficazmente, el gran potencial de sus impuestos directos y de las contribuciones de empleados y empleadores al sistema de Seguridad Social. Una estimación reciente de la Universidad Carlos III sugiere que la aportación neta media de los trabajadores regularizados se incrementaría por encima de los 3.250 euros por persona y año", expone.