Inmunidad para el monarca, pero no para la familia real

Las monarquías parlamentarias europeas prevén que los reyes no son responsables ante la Ley mientras ejercen como jefes de Estado.

En Reino Unido no hay Constitución escrita como tal, pero en lo referente a legislación y Corona, está establecido que no se pueden iniciar procedimientos civiles o penales contra el Soberano, en este caso Isabel II, como persona. No obstante, desde el Palacio de Buckingham aseguran que la reina tiene el cuidado de garantizar que todas sus actividades a título personal se lleven a cabo en estricta conformidad con la ley. No obstante, que la reina esté por encima de la ley no significa que la inmunidad se aplique al resto de la familia real. En marzo de 2001, su propia hija, la princesa Anne, fue declarada por la corte de magistrados de Cheltenham culpable de exceder los límites de velocidad mientras conducía en Gloucestershire. Tuvo que pagar una multa de 400 libras y se le quitaron cinco puntos a su permiso de conducir. Ella dijo que vio un coche de Policía y asumió que era escolta.

Al año siguiente, la princesa Anne se convirtió en el primer miembro de alto rango de la familia real en tener antecedentes penales, después de que fuera condenada por un delito en virtud de la Ley de Perros Peligrosos de 1991. Se le declaró culpable de la acusación de que su mascota, Dotty, atacó a dos niños mientras ella y su esposo paseaban al animal en el Gran Parque de Windsor. La Corte de Magistrados de Berkshire multó a la princesa con 500 libras y le ordenó que entrenara a su mascota.

La monarquía británica es la más antigua de Europa. Hace siglos, el soberano era una figura clave en la aplicación de la ley y el establecimiento de sistemas legales en diferentes áreas de Reino Unido. Como tal, el soberano se conocía como «fuente de Justicia». Si bien en la actualidad, el Jefe de Estado ya no administra la Justicia de manera práctica, conserva a día de hoy un papel simbólico importante como la figura en cuyo nombre se lleva a cabo la Justicia y se mantiene la ley y el orden.

Al otro lado del Canal de la Mancha, el artículo 88 de la Constitución belga reza que «la persona del rey es inviolable, sus ministros son responsables». Esto significa que desde el punto de vista político el monarca no es responsable delante de la Cámara de Representantes por sus acciones, sí los ministros del Gobierno federal. Desde el punto de vista penal, el rey no puede ser perseguido ni apresado ni condenado por delitos de este tipo. La misma inviolabilidad se extiende a las cuestiones de carácter civil, ya que el monarca no puede comparecer ante un tribunal de estas características, incluso cuando se trata de contratos civiles realizados en el marco de su patrimonio privado. Sin embargo, su administrador sí puede comparecer ante estos tribunales.

El rey Alberto II, que abdicó en el año 2013 a favor de su hijo, Felipe de Bélgica, perdió desde entonces su inviolabilidad. Esto ha permitido su comparecencia ante los tribunales belgas debido a la demanda de paternidad presentada por Delphine Boel, su presunta hija. Esto también abre la puerta a un posible reparto de su herencia si los tribunales fallan a favor de esta filiación. El pasado mes de noviembre, el tribunal de apelación belga concedió tres meses al monarca para realizarse las pruebas de ADN.

La protección que las constituciones dan a sus jefes de Estado, con independencia de que sean reyes o presidentes, suelen terminar con el mandato, como sucede también en Francia o Italia. Además, cualquier jefe de Estado puede ser llamado a declarar y juzgado en el Tribunal Penal Internacional si se trata de un crimen contra la Humanidad.