Interrogatorio clave por el asesinato de Ordóñez: el etarra arrepentido Valentín Lasarte, ante el juez

El testimonio del etarra arrepentido Valentín Lasarte puede resultar crucial para esclarecer quién dio la orden de asesinar a Gregorio Ordóñez el 23 de enero de 1995. Lasarte está citado este lues a declarar por videoconferencia después de que un testigo protegido -otro exmiembro de la banda terrorista- asegurase que le comentó en prisión que la orden de atentar se la transmitió por carta la cúpula de ETA en Francia y él se encargó de hacerla llegar al "comando Donosti". El magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge quiere escuchar el testimonio de Lasarte -quien al igual que Javier García Gaztelu, "Txapote", y Juan Ramón Carasatorre, "Jon", ya fue condenado por estos hechos- para apuntalar los indicios contra los cinco ex jefes de ETA -José Javier Arizcuren Ruiz, "Kantauri"; Ignacio Gracia Arregi, "Iñaki de Rentería"; Miguel Albisu, "Mikel Antza"; Julián Achurra, "Pototo"; y Juan Luis Aguirre Lete, "Isuntza"- a los que procesó recientemente al considerarlos responsables de "todos y cada uno de los atentados" cometidos por ETA mientras formaron parte de la Zuba o comité de dirección de la banda criminal, "incluso cuando el objetivo no hubiera sido seleccionado o autorizado por ellos".

El instructor quiere escuchar a Lasarte para contrarrestar la versión del testigo protegido -uno de los dos etarras arrepentidos cuya identidad se desconoce y que, en un paso inédito, aseguraron en su día al entonces juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón (en el marco de la investigación por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco) que la decisión de atentar contra políticos "la tomaba el Comité Ejecutivo"-. Según afirmó este antiguo miembro de la banda terrorista, Lasarte -con quien coincidió en la cárcel cumpliendo condena- le contó que recibió la orden de cometer el atentado "a través de una carta" de la cúpula de ETA en Francia y que así "se transmitió" al "comando Donosti". Según ese testimonio, Lasarte no especificó qué dirigentes etarras estaban detrás de esa orden cuando fue preguntado expresamente por los procesados.

Los dos testigos protegidos explicaron al entonces titular del Juzgado de Instrucción número 6 que la autorización del comité ejecutivo de ETA "era necesaria" para que los "comandos" llevaran a cabo un atentado contra políticos. No sucedía así, sin embargo, cuando los objetivos eran policías o guardias civiles, en cuyo caso los terroristas tenían las manos libres. En sus declaraciones incorporadas al procedimiento -esos testimonios han engrosado otras causas contra exjefes de la banda terrorista impulsadas por Dignidad y Justicia- señalan que "de ninguna de las manera" el "comando Donosti" habría podido asesinar a Ordóñez sin que lo autorizara la Zuba.

De ahí que tanto para la Fiscalía como para el resto de acusaciones - el PP, la familia del político asesinado, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia (DyJ), el Ayuntamiento de San Sebastián y la asociación Equipo de Víctimas del Terrorismo- resulte crucial el testimonio de Valentín Lasarte.

Según el auto de procesamiento, Lasarte se reunión con "Kantauri" en Bayona (Francia) en septiembre u octubre de 1994 para trasladarle que quería tener una papel "menos activo" en ETA. Sin embargo, El dirigente etarra le ordenó colaborar con dos miembros "liberados" del "comando Donosti" -"Txapote" y Carasatorre- que iban a pasar a España desde el país vecino, para cometer el atentado contra Ordóñez que había sido decidido por el comité ejecutivo.

La investigación por el asesinato del portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián -que su hermana, Consuelo Ordóñez, consiguió reabrir en 2015- apunta ahora a esos cinco exdirigentes de ETA por su supuesta responsabilidad en el atentado por su condición de máximos dirigentes de ETA, que les situaba en una posición de dominio dentro de la organización terrorista, que eligió a Gregorio Ordóñez para poner en marcha lo que denominó la "socialización del sufrimiento", que puso en la diana a los políticos tras la reestructuración que se vio obligada a llevar a cabo ETA después del golpe policial que desmanteló su cúpula en Bidart (Francia) en 1992.

Un "zutabe" (boletín interno de ETA) de septiembre de 1995 expresó con estas palabras ese cambio de estrategia al hacer balance del año: la "lucha", explicaba, no debía limitarse a "un partido entre la Guardia Civil y ETA porque los políticos, que hasta ese momento aparecían -según los terroristas- como "limpios" o "fuera del conflicto" tenían sin embargo "una gran responsabilidad en el mismo"

Hace apenas dos semanas, el juez De Jorge acordó el procesamiento de los cinco exjefes investigados por delitos de asesinato terrorista, una resolución en la que aseguraba que en el comité ejecutivo de la banda criminal recaía la decisión de elegir los "objetivos especiales, de singular trascendencia y relevancia política", dejando a los "comandos" la decisión de atentar contra objetivos "ordinarios" como policías, guardias civiles o militares.

Era por tanto la cúpula etarra, exponía el magistrado, la que "controlaba" la actuación de los comandos y su funcionamiento, aunque no interviniese en la elección de esos objetivos "ordinarios"; coordinaba el funcionamiento de la organización y el "rendimiento" de esos "comandos" y de los integrantes de los distintos "aparatos" de la banda, adiestraba a los terroristas y, también, entregaba las armas, explosivos y el material necesario para atentar.

Del mismo modo, añadía, la Zuba "impedía la deserción de sus miembros, facilitándoles la huida a países considerados seguros o tomando represalias violentas contra ellos. Además, el comité ejecutivo se encargaba de los aspectos económicos de los comandos, facilitándoles los medios económicos para cometer los atentados, pagaba los sueldos de los liberados" y respaldaba económicamente a los etarras a los que había autorizado para dejar la actividad armada, asegurando de esta forma "la financiación de la banda en su conjunto".

Fue la nueva dirección de ETA recompuesta tras el golpe policial en Bidart, señalaba el magistrado, la que decidió llevar a cabo una "nueva estrategia que se plasmó en una escalada de atentados dirigida contra objetivos mucho más selectivos y significativos", que se plasmaría con el atentado con el entonces líder del PP en Guipúzcoa, que se convirtió en el primer político asesinado por ETA desde 1984, cuando la banda terrorista mató al senador socialista Enrique Casas.

La investigación apunta a que fueron Gracia Arregui -al frente de los aparatos militar y logístico- y "Mikel Antza" los que consiguieron "reorganizar estructural y operativamente" la banda criminal, incorporando a la nueva dirección a "Kantauri" "aparato militar"), Aguirre Lete (lugarteniente del anterior) y "Pototo" (máximo responsable del "aparato logístico"), "que pasarán a integrar el nuevo comité ejecutivo de ETA entre finales de 1994 y comienzos de 1995", cuando ETA asesina a Gregorio Ordóñez con el propósito de "desestabilizar al Estado y lograr una hipotética negociación". La decisión de asesinar al político del PP, mantiene el instructor, fue adoptada de forma "colegiada" por el comité ejecutivo de ETA "en algún momento no bien determinado, en 1994".