La investigación contra cinco exjefes de ETA por el asesinato de Gregorio Ordóñez en 1995 se prorrogará antes del miércoles hasta enero de 2026 para poder tomar declaración a tres de los exdirigentes etarras procesados -Mikel Albisu, "Mikel Antza", Ignacio Gracia Arregui, "Iñaki de Rentería", y Julián Atxurra, "Pototo"-. Así se lo han solicitado al instructor las acusaciones personadas en la causa, además de la familia del concejal del PP en San Sebastián (representada por su hermana, Consuelo Ordóñez, quien en 2015 logró reabrir la causa), el PP, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia (DyJ), el Ayuntamiento de San Sebastián y la asociación Equipo de Víctimas del Terrorismo.

Y es que el magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge tiene pendiente de practicar la declaración indagatoria -por la que formalmente se comunica a los investigados su procesamiento, paso previo al cierre del sumario- a los tres exdirigentes de ETA. "Mikel Antza" y Gracia Arregui, ambos en libertad, no han sido todavía citados.

Sí lo fue Achurra en marzo del pasado año. Ese día estaba previsto que el instructor le comunicase el procesamiento por videoconferencia con la cárcel de Zaballa (Álava), al igual que a otro de los procesados, Juan Luis Aguirre Lete, "Isuntza". Pero según precisan fuentes jurídicas, la comparecencia de Atxurra se suspendió y no se le pudo tomar declaración.

Según esas mismas fuentes, con estas tres declaraciones pendientes -que previsiblemente se llevarán a cabo por videoconferencia- se cerrará la instrucción, dado que ninguno de los cinco exdirigentes de la banda terrorista ha recurrido el auto de procesamiento (dictado el pasado 31 de enero) por un delito de asesinato terrorista con agravante de alevosía y, tras la presentación de los escritos de acusación y defensa, se elevará la causa a la Sala Penal para su enjuiciamiento.

"Kantauri" dio la orden

Tanto José Javier Arizcuren Ruiz, "Kantauri", también procesado, como Aguirre Lete, se acogieron a su derecho a no declarar en relación al asesinato de Ordóñez, que en esas fechas era portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, el 23 de enero de 1995.

El antecesor de De Jorge al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, imputó a los cinco exjefes de ETA en noviembre de 2015, una resolución en la que mantenía que fue "Kantauri" quien dio la orden al "comando Donosti" de asesinar a Ordóñez, una orden que habría trasladado en Bayona (Francia) en octubre o noviembre de 1994, al etarra Valentín Lasarte, uno de los tres condenados por el atentado junto a Javier García Gaztelu, "Txapote" y Juan Ramón Carasatorre, "Jon".

La Guardia Civil intervino en 1997 al "comando Vizcaya" (dos años después del asesinato de Ordóñez) dos cartas manuscritas que atribuye a "Kantauri" que abundan en esa estrategia criminal contra los políticos. En esas misivas se traslada a los miembros "liberados" del "comando" que es "muy importante darles a los políticos del PP". "Cualquier político del PP es objetivo", se pone de manifiesto con una indicación clara: "Si no podéis hacer un secuestro, darle en toda la cabeza. Pero tener en cuenta que es el secuestro lo que crea inestabilidad y contradicciones mayores por su dureza".

Reestructuración de la cúpula

La investigación sitúa a los procesados en el Comité Ejecutivo de la organización criminal desde mediados de 1992, un periodo clave en la historia de ETA pues tras la caída de su cúpula en Bidart los terroristas se vieron obligados a reestructurar su dirección. Así, "Iñaki de Rentería" y "Mikel Antza" se encargaron de reorganizar "estructural y operativamente" la organización terrorista (el primero fue jefe de los aparatos "militar" y logístico entre 1992 y septiembre de 2000, cuando fue detenido, y el segundo estuvo al frente del "aparato político"), sumándose a la cúpula etarra "Kantauri", Aguirre Lete y "Pototo" entre finales de 1994 y principios de 1995. Pero en su declaración como investigados, ambos aseguraron no tener nada que ver con el asesinato.

Los cinco procesados -a quienes el instructor considera responsables del asesinato por autoría mediata por el control de la banda criminal que ostentaban, que hacía inviable que se asesinara a un político sin que la cúpula lo ordenara- seguían estando al frente de ETA cuando el concejal del PP fue asesinado, y supuestamente participaron en la decisión de asesinarlo. No en balde, Pedraz se hacía eco de los informes de la Guardia Civil que concluyen que la Zuba o dirección de la banda terrorista es la que en esas fechas "decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado".

Tras el cambio de dirección en la organización terrorista, el comité directivo impulsó a partir de julio de 1993 una campaña para desestabilizar al Estado. El objetivo, militantes del PP y PSOE con el propósito de forzar al Gobierno a sentarse a negociar. Se trataba de una "estrategia de desestabilización" en el marco de la cual se ordenó el asesinato del político del PP. La decisión de atentar de forma prioritaria contra políticos, según ponen de relieve los informes policiales, se adoptó de forma colegiada.

Dos etarras arrepentidos señalan a la cúpula

En sustento de esa conclusión, dos etarras arrepentidos aseguraron en calidad de testigos protegidos al entonces juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón -en el marco de la investigación por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco- que cuando se trataba de asesinar a políticos era la dirección de ETA la que daba la orden. Un testimonio que se incorporó a otras causas contra exjefes de ETA impulsadas por Dignidad y Justicia.

Los exmiembros de la banda terrorista aseguraron que esa autorización "era necesaria" cuando había que matar a políticos, algo que no sucedía cuando el objetivo eran policías o guardias civiles, cuando la decisión correspondía al "comando". Pero en cuanto al atentado contra Ordóñez, que fue abatido a tiros mientras almorzaba en el "bar La Cepa" de la parte vieja de San Sebastián, los dos antiguos etarras dejaron claro que sin la autorización del Comité Ejecutivo el "comando Donosti" no habría podido asesinar al político del PP "de ninguna de las maneras".