El juez prohíbe salir de España a “Mikel Antza”, que se desmarca del asesinato de Gregorio Ordóñez

Abascal aprecia riesgo de fuga y resalta la existencia de indicios suficientes de su “relevante papel”, como integrante del comité ejecutivo de ETA, en las órdenes para cometer el atentado en 1995

Concentración de víctimas hoy a las puertas de la Audiencia Nacional exigiendo justicia
Concentración de víctimas hoy a las puertas de la Audiencia Nacional exigiendo justicia FOTO: Isabel Infantes Europa Press

El ex dirigente de ETA Mikel Albisu, “Mikel Antza”, no podrá salir de España por orden judicial. Así lo ha decidido el magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, que investiga la supuesta responsabilidad del que fuera jefe del “aparato político” de la banda terrorista en el asesinato del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez en 1995. Además, deberá facilitar un domicilio en nuestro país, así como un teléfono de contacto permanente donde pueda localizado. El juez le advierte de que si incumple cualquiera de estas medidas su libertad provisional podría revocarse y acordar su ingreso en prisión.

“Mikel Antza” ha declarado por videoconferencia desde los juzgados de San Sebastián y se ha desvinculado del atentado que terminó con la vida del presidente del PP de Guipúzcoa. Pero el instructor ha accedido a la petición de las acusaciones populares y particular -PP, Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia y la que ejerce la familia de Ordóñez- y ha impuesto al ex jefe de ETA la prohibición de salida del territorio nacional y la retirada del pasaporte. Según las fuentes consultadas, la Fiscalía no ha respaldado la medida y el fiscal Pedro Rubira ha propuesto que se le instase únicamente a facilitar un domicilio para estar localizable por el juzgado.

Sin embargo, el instructor no ha accedido a otra de las medidas instadas por las acusaciones, a excepción del Ministerio Público, y se ha negado a obligar al ex jefe etarra a comparecer cada 15 días en el juzgado.

Según fuentes jurídicas, el etarra ha leído un comunicado insistiendo en que no tuvo “nada que ver” con el atentado y, tras recordar que ya ha pasado “veinte años en prisión” en Francia (donde fue condenado por asociación de malhechores), ha enmarcado la actuación judicial contra los ex responsables de ETA en una supuesta “persecución” y en lo que considera una política de “represión contra Euskal Herria”. Además, ha denunciado que los indicios que le incriminan en el asesinato de Ordóñez -recogidos por la Guardia Civil en un informe- se obtuvieron a través de “manipulaciones” y se basan en declaraciones policiales obtenidas según él mediante “torturas” a presos de la banda terrorista.

“Relevante papel” en las órdenes para matar a Ordóñez

En la resolución en la que acuerda la medida, Abascal subraya “el relevante papel” desempeñado por Mikel Albisu en ETA, y más concretamente en su comité ejecutivo, “en relación con las órdenes para asesinar” al en esas fechas teniente del alcalde de San Sebastián el 23 de enero de 1995. Una información, detalla, “recopilada fundamentalmente en la documentación ocupada en poder de miembros de ETA con ocasión de la detención en España de los integrantes de comandos de acción o por efectuar labores de colaboración con la banda terrorista”.

Para el magistrado, no es irracional concluir que Albisu “quiera optar por eludir la acción de la justicia y ponerse fuera del alcance de este órgano instructor o del de enjuiciamiento” ante la “extraordinaria gravedad del delito que se le imputa” y las “elevadas penas” que puedan imponérsele en caso de condena.

Abascal señala que tras la caída de la cúpula etarra en Bidart (Francia) en 1992, el comité ejecutivo de la banda terrorista -al que perteneció Albisu entre mediados de 1994 y octubre de 2004, cuando fue detenido- tomó la decisión “de forma colegiada” de atentar contra militantes y dirigentes del PP y del PSOE, que a partir de julio de 1993 pasan a convertirse en objetivos “prioritarios” de la banda.

El magistrado deja claro que como responsable del “aparato político” e integrante de la cúpula de ETA se integraba en un comité ejecutivo que en esas fechas “decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente el atentado”. “No hay nada que esa cúpula no controle, impulse o dirija”, recalca.

Concentración de víctimas

Ahora, el magistrado tiene intención de llamar a declarar el próximo enero por estos mismos hechos al ex jefe de ETA Iñaki Gracia Arregi, “Iñaki de Rentería”. Abascal investiga la presunta responsabilidad de ambos y de otros tres históricos miembros de la banda criminal -Juan Luis Aguirre Lete “Isuntza”, Julián Atxurrra “Pototo” y José Javier Arizkuren Ruiz, “Kantauri”, todos ellos en prisión- en la “toma de decisión de asesinar» a Ordóñez. Pero según fuentes jurídicas, como estos tres terroristas fueron entregados en su día por Francia por otras causas, antes de tomarles declaración el juez tiene que esperar a que al país vecino cumplimente las OEDE en las que autorice que sean investigados por el asesinato del concejal del PP.

También en enero, añaden esas mismas fuentes, Abascal tiene intención de citar en calidad de peritos a los agentes de la Guardia Civil autores del informe que vinculan a los cinco investigados con el atentado que le costó la vida a Gregorio Ordóñez para que ratifiquen sus conclusiones en sede judicial.

Dignidad y Justicia -que ha convocado una concentración a las puertas de la Audiencia Nacional para “defender la memoria” de Ordóñez y contra la impunidad de los asesinatos terroristas- había solicitado a la Audiencia Nacional que con carácter «urgente» prohibiese salir de territorio nacional al ex responsable del «aparato político» de la banda terrorista, actualmente en libertad, ante el «alto riesgo» de fuga.

La asociación que preside Daniel Portero fundaba su temor a una huida de Albisu en la «gran cantidad» de etarras «que aún permanecen huidos en Iberoamérica, donde ETA conserva aún importantes estructuras de apoyo», recordando además las «claras imposibilidades de hecho y de derecho» para conseguir su extradición a España.