Josu Ternera esgrimió ante el juez francés su “activa implicación en el proceso de paz”

En la comparecencia ante el magistrado del Tribunal de París que ordenó su ingreso en prisión el pasado día 20, el ex dirigente de ETA negó que se encontrase en la clandestinidad.

José Antonio Urrutikoetxea, «Josu Ternera», esgrimió ante la Justicia Francesa sus «contactos con las altas esferas de poder» para evitar ir a prisión. En su comparecencia el pasado día 20 ante el magistrado del Tribunal de Apelación de París Christophe Seys, el ex dirigente de ETA –detenido cuatro días antes en los Alpes franceses–, negó que en los últimos años (se encontraba en paradero desconocido desde el año 2002) estuviese en la clandestinidad y defendió que ha estado «implicado activamente» en el «proceso de paz».

Así consta en el auto en el que el magistrado francés acordó el ingreso en prisión a la espera de decidir sobre su entrega a España por una de las tres causas por las que se solicita su puesta a disposición de la Audiencia Nacional: el asesinato en Vitoria del directivo de Michelín Luis María Hergueta en 1980, en relación al cual el juez Santiago Pedraz propuso el pasado lunes por escrito al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez que reclame su extradición al Ejecutivo francés.

Horas antes de esa comparecencia, el propio tribunal del país vecino había dejado en libertad a «Josu Ternera» en el marco de las causas por las que fue juzgado en rebeldía en Francia, cuyos juicios ha pedido que se repitan la defensa del ex jefe etarra al haberse celebrado en su ausencia. Pero alertado por la Fiscalía española y por la juez de enlace en Francia, Felisa Herrero, la alta instancia gala ordenó horas después el arresto de «Josu Ternera».

En la resolución del magistrado galo –a la que ha tenido acceso LA RAZÓN–, se reseña que tras escuchar la petición de su ingreso en prisión a efectos de extradición por parte de la fiscal Clarisse Taron, «Josu Ternera», que compareció sin la asistencia de un intérprete «dado que dice hablar y entender el francés», tomó la palabra en último lugar. Y lo hizo no solo para esgrimir su implicación en el «proceso de paz» (conocidos son sus encuentros en Ginebra y Oslo con el socialista Jesús Eguiguren a lo largo de 2005), sino también para poner sobre la mesa «el apoyo de personalidades destacadas» y esos contactos al más alto nivel en España.

Urrutikoetxea también se quejó de que «los elementos que constan en el sumario» (por su presunta implicación en el asesinato del directivo de Michelín) «en cuanto a la estabilidad de su situación son, cuanto menos, contradictorios». Y en la resolución se deja constancia, a renglón seguido, de que «Josu Ternera» debe comparecer «ante las jurisdicciones francesas por las tres causas por las que fue juzgado en rebeldía».

La abogada de «Josu Ternera», Laure Heinic-Luijer, alegó para conseguir su libertad «problemas de salud a consecuencia de una intervención quirúrgica urgente». Sin embargo, el magistrado del Tribunal de Apelación de París desconfía de esos motivos de salud alegados dado que, según reseña, «no presenta ninguna prueba que justifique dicho argumento».

Control telemático insuficiente

La letrada del ex dirigente de ETA intentó que se dejara en libertad a su cliente «bajo vigilancia electrónica», pero el juez francés le reprochó que corresponde precisamente a la defensa «presentar la solicitud correspondiente» sin que hasta ese momento hubiese realizado «ningún estudio de viabilidad». De ahí que la Justicia del país vecino considerase que «la obligación de control judicial o de confinamiento bajo vigilancia electrónica sería insuficiente».

«En estas condiciones –concluía el magistrado Seys– queda claro que se debe ingresar en prisión con vistas de extradición a José Antonio Urrutikoetxea». No en balde, el juez galo considera que esa medida cautelar –que se mantiene tras su comparecencia de ayer ante el Tribunal de Apelación de París– es la única forma de garantizar el mantenimiento de dicha persona a disposición de la justicia, dado que es objeto de búsqueda en España en el marco de tres procedimientos relativos a hechos de extrema gravedad, castigados con penas muy elevadas».

Además del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza –en el que murieron once personas, cinco de ellas niños– y el asesinato de Hergueta, el ex dirigente de la banda terrorista debe responder ante la Justicia española por su supuesta responsabilidad en los atentados mortales cometidos durante su jefatura, por lo que está procesado por delitos de lesa humanidad, y por el sumario del «caso Batasuna», en el que se le imputa un delito de integración en organización terrorista.

A instancia de la Justicia francesa, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha tramitado ya el mecanismo de entrega de «Josu Ternera» por medio del procedimiento de extradición y no por la orden europea de detención y entrega (OEDE) cursada por el magistrado el pasado 21 de mayo, cinco días después de su detención en una localidad de los Alpes franceses. Y es que el país sigue tramitando con arreglo al sistema de extradición (aplicable antes de la entrada en vigor de las OEDE en 2004) las solicitudes de entrega por actos cometidos antes del 1 de noviembre de 1993, fecha de entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea. De ahí que el juez Pedraz se haya visto obligado a tramitar la petición de entrega como extradición, un procedimiento en el que los plazos se prolongan durante más tiempo (por término medio una OEDE se resuelve en 40 días con un máximo de tres meses) y que otorga al reclamado, en este caso «Josu Ternera», más posibilidad de interponer recursos para obstaculizar su entrega.

En esa resolución –que debe estar en manos de la Justicia francesa antes del próximo 29 de julio, cuando se cumplen 40 días desde la orden de prisión del ex dirigente etarra–, el juez de la Audiencia Nacional defiende que los hechos que se le imputan no han prescrito, al haber quedado interrumpido el plazo de prescripción de 20 años con el auto de septiembre de 1996 en el que se incorporaron las declaraciones de los dos empleados de Michelín que reconocieron haber entregado en mayo de 1980 a Urrutikoetxea una fotografía del directivo de Michelín asesinado un mes después.

Además, Pedraz justifica la procedencia de la entrega en el hecho de que «debiendo ser juzgado en España se refugió en Francia, país que no es el suyo, por lo que no se encontraba a disposición de este juzgado en el momento de decretarse su prisión» en septiembre de 2005.