Jueces denuncian el "maquillaje" del plan de Sánchez: "Sin independencia no hay lucha contra la corrupción"

Los jueces saben de lo que hablan y ven un mero "maquillaje" el plan de lucha contra la corrupción por el que ha optado Pedro Sánchez para intentar hallar una salida política a los escándalos que rodean a su Gobierno y al PSOE.

Si se quiere, verdaderamente, prevenir el florecimiento de las irregularidades y ser implacables cuando aparezcan, los magistrados de nuestro país tienen claro que lo que hay que poner son "medios" humanos y económicos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan investigar y al Poder Judicial para, posteriormente, condenar.

Tal y como apunta la jueza María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la Carrera, el Ejecutivo debería empezar por dejar de "deslegitimar" la actuación de los instructores, cuando la causa afecta al entorno del socialismo.

La jueza decana de Madrid avisa que "de poco sirve" apostar por incremento de las penas en el Código Penal (CP), cuando, luego, se producen indultos o amnistías como las que se han concedido a los dirigentes políticos del "procés".

Mucho de ellos fueron, precisamente, condenados por una malversación de caudales públicos, y este delito -recuerda Del Barco- fue modificado por este Gobierno. Los cambios en su tipificación han rebajado sensiblemente las penas si los fondos públicos desviados no acaban siendo empleados para un lucro personal y directo.

En definitiva, para esta magistrada el plan de choque de Sánchez contrasta con los avisos que llegan de Europa sobre los problemas de abuso de poder que adolece nuestro Estado. La última advertencia, ayer, con un informe sobre el Estado de Derecho muy duro que avisa del "alto riesgo de corrupción" en "las licitaciones públicas, la financiación de partidos y los proyectos públicos de infraestructuras" españoles.

Pero es que hace solo cuatro meses se conoció que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) mantiene abierto un expediente a España por incumplir con todas las recomendaciones en prevención de la corrupción que le hizo llegar el Consejo de Europa hace ya seis años, en 2019.

Yendo a lo concreto de las medidas anunciadas hoy por el presidente en el Congreso de los Diputados, el juez Sergio Oliva, el portavoz de la segunda agrupación profesional, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), ve muchas "carencias de fondo" porque para combatir la corrupción "no basta con anunciar agencias nuevas o herramientas tecnológicas".

Lo "esencial" sigue siendo -aclara Oliva- lograr una "independencia efectiva" tanto de los miembros de la judicatura como de la Fiscalía que les blinde ante "injerencias" del Gobierno.

Sin olvidar, tal y como apunta este magistrado, que no pocas de las medidas son "redundantes" o "ya están vigentes". A modo de ejemplo, recuerda que ya se protege a los denunciantes, el decomiso de bienes es una posibilidad que ofrece el ordenamiento jurídico y existen "mecanismos" para impedir que empresas condenadas por amaños sean contratadas por la Administración. "Repetir lo que ya existe no es reformar, es marketing", insiste Oliva.

Tampoco le parece que puesta en marcha de una nueva agencia estatal de integridad pública responda a una "necesidad real", dado que hoy en día hay órganos especializados, como el Ministerio Público, los propios jueces, los cuerpos policiales o el Tribunal de Cuentas, que luchan eficazmente contra el fraude. Oliva quiere transmitir que la "estructura existe" y lo único que hace falta es que les permitan "actuar con autonomía", como ahora estima que no ocurre.

Otra reforma que defiende Oliva como necesaria es la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para alargar los plazos máximos de las investigaciones judiciales que presenten especial complejidad, como son las de corrupción, ante la "infradotación material" que sufren los tribunales de todo el país y que hace "imposible" sacar adelante una instrucción en un máximo de un año, teniendo solo la posibilidad de alargarlo en prórrogas de seis meses, con su debida justificación.

Pese a todo ello, el portavoz de los 'vitorinos' siempre encuentra un extremo positivo: "Se abre una puerta interesante a que la ciudadanía pueda auditar las decisiones automatizadas en la contratación pública".