El juez del “caso Koldo” autoriza el acceso al móvil de un exasesor del delegado de Gobierno en Andalucía

El juez que investiga el "caso Koldo” ha autorizado el acceso al teléfono móvil de Antonio Fernández Menéndez, exasesor del delegado de Gobierno en Andalucía Pedro Fernández. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había solicitad el permiso del instructor el 14 de mayo para desprecintar, abrir, acceder, clonar y extraer los datos del su Iphone, así como de un móvil encontrado en el Volkswagen Golf perteneciente al empresario investigado Víctor de Aldama.

Fernández Menéndez fue coordinador en la Delegación del Gobierno en Andalucía hasta octubre de 2022 y, según las escuchas realizadas por los agentes, estaría relacionado con Koldo García, al que le habría pedido que mediara para que una empresa de su hermano Daniel se hiciera con un contrato de emergencia de Adif. Estas escuchas implican presuntamente al actual presidente de Adif, Ángel Contreras, en la trama.

Según recoge el auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, “en este terminal telefónico, visto el contenido de las conversaciones transcritas pueden existir datos que ponen de manifiesto las relaciones del investigado Koldo García Izaguirre con responsables de Adif, una de las entidades que adjudicó uno de los contratos objeto de esta investigación a la mercantil Soluciones de Gestión", señala el auto.

Además, indica que puede “contener conversaciones mantenidas por este (Koldo) y no localizadas en tanto que este investigado se habría desecho del terminal móvil con el que se estaba comunicando, medida de seguridad que podría haber tomado debido a las informaciones recibidas de que estaba siendo investigado”. El móvil fue incautado el 20 de febrero de 2024.

Solo unos días antes, el día 16 de febrero, se produjo el intercambio de una serie de mensajes y una conversación telefónica entre Koldo García, uno de los cabecillas de la trama y exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y Daniel Fernández Menéndez, hermano de Antonio. En esas comunicaciones, Koldo le advierte que evite escribir por WhatsApp como medida de seguridad en sus comunicaciones, una vez que ha sido advertido de que podrían estar escuchando sus conversaciones.

Después, el 19 de febrero, Daniel le envía un nuevo mensaje sobre una obra pública adjudicada por ADIF el 29 de julio de 2021 a la UTE que integra la empresa Obras Públicas y Regadíos SA, de la que es administrador. En la charla, le solicita a Koldo que mueva sus contactos para hacerse con un nuevo contrato de emergencia por un deslizamiento de tierra.

Más tarde, recibe una llamada de Antonio Fernández Menéndez, al que le confirma que ha recibido un mensaje de su hermano "donde viene especificado todo y cuando digo todo es todo”. Fernández y Koldo quedaron de verse el miércoles 21 de febrero de 2024, el mismo día en que el exasesor de Transportes habría intentado reunirse con alguien llamado Ángel, que los agentes identifican como Ángel Contreras, actual presidente de Adif.

En el informe de 14 de mayo, Koldo indica que "Ángel sabe que nos ha quitado 600.000€ en esa obra y debe ayudarnos pero ya sabes". García había intentado reunirse con Ángel el 16 de febrero, a lo que este respondió: «Hoy me resulta Imposible, la semana qué viene que día te va mejor?». Y después le indicaba: «Solo tengo hueco el miércoles 10:15-11:00», a lo que Koldo García respondió: «Perfecto».

Los agentes destacan que «la importancia de esta reunión radica en que Ángel es en la actualidad el Presidente de la E. P. E. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (en adelante Adif)». Y recuerdan que en el momento de los hechos del procedimiento del "caso Koldo", es decir, cuando se adjudicó el contrato de emergencia a Soluciones de Gestión, era el director general de Conservación y Mantenimiento de esa empresa dependiente de Transportes, que adjudicó el segundo contrato por un total de 12,5 millones de euros.

Por otra parte, sobre el acceso al móvil encontrado en el coche de Aldama, destaca que puede contener datos relacionados con la investigación, por lo que "se considera procedente la práctica de las diligencias solicitadas".

Las actuaciones policiales que ha autorizado el juez Ismael Moreno tienen por finalidad localizar material "que pudiera tener relación con los hechos investigados”, la trama mediante la cual la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL se hizo con nueve contratos de emergencia en plena pandemia por 53 millones de euros y por los que se habrían cobrado comisiones ilegales.

El acceso por parte de los agentes de la Guardia Civil cuenta también con el visto bueno de la Fiscalía, según consta en el escrito.