El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente, instructor del "caso Koldo" enfila ya la recta final de la investigación de las supuestas adquisiciones irregulares de mascarillas en pandemia. El instructor ha desglosado esas diligencias que dieron lugar al procedimiento de la trama de presuntas adjudicaciones de obra pública en el Ministerio de Transportes, en la que implica al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, actualmente en prisión, y al que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos. Estas últimas pesquisas se encuentran, afirma, en "una fase todavía muy incipiente".

Según pone de relieve, "en esta segunda organización aparece como pieza clave" Santos Cerdán, al existir indicios de que era "la persona que pondría en contacto a las empresas interesadas con los responsables del Ministerio y quien recaudaba las comisiones o “mordidas” obtenidas haciendo llegar su parte" a Ábalos y Koldo García. Sin embargo, Cerdán está "ausente" en la investigación de la trama de las mascarillas, al igual que Aldama "no habría tenido participación alguna en esta segunda trama".

La decisión, que justifica en lo "muy avanzado" de esas pesquisas, acerca el cierre de la investigación (prevé una "pronta terminación de la fase de instrucción") y un posible juicio, para continuar con las pesquisas sobre las contrataciones bajo sospecha del Ministerio de Transportes en la época de Ábalos.

"Evidentes zonas de intersección"

Y eso que admite que ambas ramificaciones "no solo presentan analogías evidentes en su desarrollo", en la medida en que consistían presuntamente "en la consecución de premios económicos a cambio de indebidas adjudicaciones de obra pública, siempre en el marco del Ministerio de Transportes y a través de la Dirección General de Carreteras y de ADIF, sino que además presentan "evidentes zonas de intersección" en cuanto a sus protagonistas. No en balde, explica, en ambas desarrollan "roles muy relevantes" José Luis Ábalos y Koldo García.

Por tanto, el juez centra el foco en lo que respecta a la primera pieza separada en Ábalos y quien fuera su asesor Koldo García, quienes "con la intermediación y en connivencia" con el empresario Víctor de Aldama, habrían "determinado la adquisición" de mascarillas en pandemia por parte de Transportes y de otras administraciones públicas a cambio de recibir comisiones del propio Aldama, "quien, a su vez, se beneficiaba también en términos económicos de las comisiones que le reportaba la realización del mencionado ilícito negocio".

Como parte de esos beneficios económicos, Ábalos habría obtenido también del pago de los alquileres de la vivienda de su entonces pareja sentimental, Jessica Rodríguez -añade el juez- y del alquiler con derecho a compra de un chalet en la costa, así como un contrato de alquiler, también con opción de compra, de un piso en el Paseo de la Castellana por un precio de venta, 750.000 euros, "muy inferior al de mercado".

El instructor incluye en esta investigación la contratación de Jessica Rodríguez en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, y de la exmiss Asturias Claudia Montes. Puente también incluye las gestiones de Aldama en favor del rescate de Air Europa; en Industria, con Reyes Maroto al frente, para la obtención de una licencia de hidrocarburos para Villafuel; en el Ministerio de Economía de María Jesús Montero a través de su jefe de gabinete.

Los audios de Koldo, un "salto cualitativo"

Asimismo, alude a las supuestas adjudicaciones amañadas en favor de varias constructoras -con LIC y OPR en el punto de mira- por parte de ADIF y de la Dirección General de Carreteras, en particular.

Pero Puente asegura que el pasado 5 de junio, cuando la UCO presentó su informe sobre los audios grabados por Koldo, se produjo un "salto cualitativo" en la investigación. "El elocuente resultado de dichas grabaciones determina la necesidad de considerar -asegura el magistrado- la existencia de un conjunto de adjudicaciones de obra pública, que podría haber tenido lugar indebidamente, a cambio de un precio indiciariamente

abonado por las constructoras que así se favorecían". En este caso, con Acciona en el foco y Santos Cerdán en el disparadero.

Así las cosas, sostiene que el objeto del procedimiento "ha llegado a un estado" en el que, a su juicio, "es posible identificar hasta dos grandes grupos de conductas eventualmente constitutivas de sendos ilícitos penales", que se definen "por su relación o desconexión con el ámbito de las indebidas adjudicaciones de obra pública en el marco del Ministerio de Transportes durante el período de tiempo en el cual don José Luis Ábalos ejerció como titular del mismo".