El magistrado Arturo Zamarriego, que investiga por tráfico de influencias y cohecho a la "fontanera" del PSOE Leire Díez, descarta asumir la denuncia por soborno del fiscal Anticorrupción José Grinda -en el punto de mira de las maniobras de la supuesta trama para neutralizar investigaciones judiciales- que le trasladó un periodista supuestamente en nombre de la exmilitante socialista.

En una resolución acordada ayer a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el instructor rechaza así asumir las diligencias preprocesales remitidas por el Ministerio Fiscal al decanato de los juzgados de Plaza de Castilla el pasado 21 de julio.

Sobre ese supuesto intento de soborno al fiscal Anticorrupción -el ofrecimiento de un destino en el extranjero a cambio de atacar al máximo responsable de la unidad anticorrupción, Alejandro Luzón, según adelantó Abc-, Zamarriego sostiene que esa actuación (el periodista habría trasladado a Grinda ese ofrecimiento, que el fiscal puso en conocimiento de su superior) no guarda relación con los hechos denunciados por Hazte Oír.

En esa denuncia ya admitida a trámite, recuerda, se señala que Leire Díez "recibió un encargo para neutralizar las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre delitos supuestamente cometidos por dirigentes" del PSOE. De ahí que acuerde "rechazar la acumulación" de esas diligencias de investigación preprocesal y devolver las mismas" a la Fiscalía.

Un destino en el extranjero a cambio de "secretos de mi jefe"

En el escrito en el que el pasado 27 de febrero puso lo sucedido en conocimiento del fiscal jefe Anticorrupción, Grinda explica que el periodista le trasladó que "tenía una propuesta de alguien", que no identificó, entregándole dos folios en los que se le ofrecía la oportunidad de proporcionarle "un destino en el extranjero" (precisando tres opciones) y "liberarle" de una demanda contra él "pagando" al demandante "el triple de lo que me pedía en un procedimiento judicial".

A cambio, tenía que revelar supuestos "secretos de mi jefe" sobre "actuaciones delictiva" que acarrearían su destitución y archivar diversos procedimientos reconociendo que se trataba de actuaciones "abusivas" de las Fuerzas de Seguridad del Estado (entre ellos el "caso 3%", el "caso Pujol" y el "caso ZED"). Asimismo, debía comprometerse a "explicar el origen de la investigación a Sandro Rosell" (el expresidente del FC Barcelona que fue absuelto tras pasar casi dos años en prisión provisional) y las "visitas al CNI" de Grinda.

Todo ello, puntualizaba el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, debía llevarse a cabo "en la más estricta confidencialidad" y sin recurrir a terceras personas ni dar cuenta al fiscal general del Estado. El acuerdo, puntualizaba, estaba avalado por "las más altas instituciones" del Estado.

Grinda aseguraba en ese escrito dirigido a Alejandro Luzón que en definitiva se le estaba proponiendo realizar actuaciones relacionadas con su cargo "contrarias al Derecho" y que como funcionario público no iba a actuar "en contra de la ley".

Y aunque decía desconocer de quién partía la propuesta, asegura el periodista le trasladó que "él entendía que la persona que pudiera avalar este acuerdo es alguien que conoce como Leire".

Grinda trasladó a su interlocutor que desconocía "cualquier elemento de conducta delictiva de mi jefe" y que "desde luego" no podía ofrecer "información ni de conducta delictiva ni comprometida" de Luzón. Además, dejaba claro que proponerle actuar en contra de la legalidad ofreciéndole "algún tipo de beneficio" lo entendía como "una propuesta de soborno" y de prevaricación.

El fiscal del "caso 3%"

El pasado junio, el Consejo Fiscal amparó a Grinda -fiscal del "caso 3%" sobre la financiación ilegal de Convergència Democrática de Cataluña (CDC), el embrión de Junts o del "caso Zed", en el que está imputado Javier Pérez Dolset, uno de los empresarios que se reunió con Leire Díez- después de que el fiscal de Anticorrupción solicitara la medida ante lo que calificó de "maniobras" de Díez "para desprestigiarme y desestabilizarme en el desempeño de mi función", lo que consideró un "manifiesto ataque a la imparcialidad que rige mi función".

Por otro lado, el instructor no cierra la puerta a incluir en la investigación al exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada, apartado de la carrera judicial tras una condena por violencia de género contra su exesposa, después de que el Juzgado de Insrucción número 2 de Badajoz se inhibiera en favor de los juzgados de Madrid tras abrir diligencias previas por otra denuncia de Hazte Oír.

A este respecto, Zamarriego apunta que esa denuncia y la presentada en su juzgado tienen un "contenido similar", antes de resolver sobre la admisión o no de esa inhibición acuerda dar traslado a la Fiscalía para que se pronuncie.

En consonancia con esa decisión, el instructor admite la personación como acusación popular de Hazte Oír -que también ejerce en el "caso Koldo" y en las investigaciones a Begoña Gómez y al hermano de Pedro Sánchez, entre otras-, pero por el momento solo en relación a Leire Díez, a la espera de decidir si asume también la investigación contra Sáenz de Tejada.

En la denuncia que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz, Emilio García-Cancho, quiere dejar en manos de Zamarriego, Hazte Oír atribuye a Díez y Sáenz de Tejada -que intentó sin extremis personarse sin éxito en la investigación al hermano de Pedro Sánchez- un "plan premeditado dirigido a perjudicar a diversos jueces, entre ella la instructora del caso que afecta a David Sánchez".

Inhibición de un juzgado de Badajoz

El instructor apreció en los hechos denunciados "características que hacen presumir la posible existencia" de delitos de revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias. Sin embargo, Zamarriego ha descartado al admitir la denuncia contra Leire Díez una posible revelación de secretos y también, por ahora, una estafa procesal.

La denuncia contra el exmagistrado y la "fontanera" del PSOE incide en la existencia de "una campaña dirigida a desprestigiar a magistrados, fiscales y otros sujetos con el fin de diluir los casos judiciales que afectaban a personas vinculadas al partido". Para ello, exponía la asociación, Díez se reunió "con imputados en diversos procedimientos judiciales y con otros sujetos para, a través de ellos, obtener acceso a archivos supuestamente inéditos y confidenciales que pudiesen perjudicar a jueces, fiscales y otros profesionales envueltos en procesos judiciales relacionados con personas vinculadas al PSOE".

Y hacía referencia expresa a una reunión por videoconferencia de abril de 2019 entre la propia Díez, el empresario Alejandro Hamlyn, investigado por un supuesto fraude en el sector de hidrocarburos, el también empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, ahora defensa de Santos Cerdán.

Esa cita, según Hazte Oír, buscaba sacar a la luz "información comprometedora" del teniente coronel de la UCO Antonio Balas, al frente de las investigaciones a Begoña Gómez y David Sánchez y del "caso Koldo". Con el propósito, remarcaba la asociación denunciante, de promover "una operación dirigida a la obtención de información comprometedora de profesionales intervinientes en los procesos judiciales" (entre ellos el propio Grinda) "que afectan a personas relacionadas con el PSOE, todo ello con el propósito de desprestigiarlos".