El juez reclama la vida laboral de Santos Cerdán y redobla la investigación a los empresarios salpicados por la "trama"

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente da un paso más en la investigación a las empresas supuestamente beneficiadas por la "trama" de adjudicaciones irregulares en cuya cúspide sitúa a Santos Cerdán. A instancias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el instructor del "caso Koldo" ha reclamado a la Seguridad Social la vida laboral del ex secretario de Organización del PSOE.

Además, tras solicitar información bancaria de los empresarios salpicados por esas supuestas adjudicaciones irregulares a cambio de "mordidas", el juez rastrea en las bases de datos de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social con el objetivo de "cruzar los datos" con los que remitan las entidades bancarias.

El objetivo es "conocer la estructura personal de las diferentes empresas y los vínculos que pudieron existir entre las personas contratadas por unas y otras", así como los períodos de tiempo durante los cuales determinadas personas físicas "pudieran haber prestado servicios profesionales para aquellas" y así "confirmar o descartar los relevantes extremos que ya constan al respecto" sobre presuntas actividades ilícitas.

El instructor reclama la vida laboral entre 2014 y 2024 de ocho investigados -además de Santos Cerdán, de los empresarios José Ruz (administrador de LIC, otra de las empresas en el foco y que según la UCO tuvo en nómina a Koldo García durante meses); los hermanos Antonio y Daniel Fernández, el exdirectivo de Acciona Fernando Merino, Joseba Antxon; el propio Koldo y su exmujer Patricia Uriz).

Indaga en posibles vínculos con los empresarios

Con esa información pretende esclarecer "el vínculo" que hayan podido mantener con determinadas personas investigadas "o con las empresas en cuyo ámbito y eventual beneficio aquellas operaban".

En esa misma línea, demanda las altas y bajas de trabajadores de siete empresas investigadas (Servinabar, Áridos Anfersa, Geolcali, LIC, Mer Construcción, Noran S. Coop y OPR) por los supuestos amaños, de otras tantas UTE que se habrían visto beneficiadas por las adjudicaciones bajo sospecha y de la Fundacíon Fiadelso, vinculada al exministro José Luis Ábalos.

De todos esos empresarios y sus sociedades solicita asimismo a Hacienda "a la mayor brevedad" un informe sobre las cuentas bancarias en las que figuran como titulares o autorizados que detalle las "disposiciones o cobros en efectivo"; las transmisiones de valores, cheques, fondos de inversión, bienes inmuebles, sociedades societarias, bienes en el extranjero, facturas emitidas y recibidas, donaciones, declaraciones fiscales y cajas de seguridad alquiladas.

En el caso de Anxon Alonso, dueño de Servinabar -que se comprometió en un documento privado firmado con Santos Cerdán a traspasarle el 45% de su empresa, aunque ese documento no llegó a formalizarse en escritura pública (según el exdirigente socialista porque se arrepintió de su deseo de dejar la política)- esa petición se realiza a la Hacienda Foral de Navarra.